El multimillonario Elon Musk ha lanzado este lunes una dura crítica contra la Fiscalía de París, a la que acusa de liderar una investigación "políticamente motivada" contra su red social X, antes Twitter.
Según Musk, esta acción no solo pone en peligro la libertad de expresión de los usuarios, sino que responde a intereses externos ajenos a la justicia.
Su empresa, por su parte, ha negado todas las acusaciones y anuncia que no colaborará con el proceso judicial en curso.
El algoritmo de X
La investigación, iniciada por las autoridades francesas, apunta a posibles irregularidades relacionadas con sesgos algorítmicos y la extracción indebida de datos.
A comienzos de julio, las pesquisas se intensificaron con medidas como registros domiciliarios, escuchas telefónicas y citaciones dirigidas tanto a Musk como a ejecutivos clave de X.
Ante una negativa a comparecer, un juez podría emitir órdenes de arresto contra los implicados.
Rechazo frontal de X
Desde la cuenta oficial de Asuntos Globales de X, la red social ha denunciado que la investigación tergiversa las leyes francesas para ajustarse a una agenda política específica. "Esta investigación busca restringir la libertad de expresión bajo pretexto legal", declararon en un comunicado. Además, la empresa rechazó entregar su algoritmo de recomendación y datos en tiempo real, argumentando que tiene "derecho legal" a proteger dicha información.
Por otro lado, el Ministerio Público parisino ha asegurado que su solicitud, realizada el 19 de julio, se limitaba únicamente al acceso al algoritmo, ofreciendo garantías de confidencialidad mediante un canal seguro. Sin embargo, destacaron que X no ha respondido formalmente a esta propuesta. La negativa podría desencadenar sanciones severas, incluyendo multas significativas o cargos por obstrucción a la justicia.
Un conflicto entre regulación y libertad digital
Este caso ocurre en un contexto marcado por tensiones previas entre X y la Comisión Europea. En 2023, el organismo abrió un procedimiento de infracción contra la plataforma bajo la sospecha de no combatir eficazmente el contenido ilegal y la desinformación. Además, se cuestionó su práctica de incentivar a los usuarios a suscribirse a la versión premium del servicio, lo que podría violar la Ley de Servicios Digitales.
En paralelo, la plataforma ha criticado que la investigación se enmarque dentro de delitos asociados al crimen organizado, lo que permitiría a las autoridades intervenir dispositivos personales de empleados de X. Esta medida ha sido calificada por la empresa como excesiva e injustificada, considerando las circunstancias del caso.
Denuncias cruzadas y disputas legales
Las acusaciones surgieron tras una queja presentada por Eric Bothorel, diputado del partido centrista Renacimiento, quien señaló a X de manipular su algoritmo con fines de "interferencia extranjera". Musk ha desestimado estas afirmaciones como "totalmente falsas". Por su parte, Bothorel defendió la independencia del sistema judicial francés, advirtiendo que "la falta de responsabilidad y supervisión es tan peligrosa como la censura".
Además, desde X han acusado a los investigadores David Chavalarias y Maziyar Panahi de tener una "hostilidad abierta" hacia la plataforma, sugiriendo que podrían analizar los datos solicitados. Sin embargo, Panahi ha negado cualquier participación en la investigación y ha anunciado posibles acciones legales contra la empresa por difamación.
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