La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló ayer martes de la solicitud de prisión contra su pareja, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal.
Durante su intervención en un acto celebrado en Zaragoza, Ayuso calificó el caso como "un abuso de las instituciones bajo una operación de Estado dirigida contra un adversario político".
Sobre la Fiscalía, órgano que lidera la acusación, Ayuso señaló: "Puede pedir lo que le venga en gana", en referencia a lo que considera una dependencia directa del ministro Félix Bolaños, a quien describió como "un señor al borde del banquillo".
Según la presidenta madrileña, el objetivo detrás de estas acciones es generar miedo entre quienes representan a los ciudadanos y justificar la victimización de figuras políticas al más alto nivel.
Defensa ante las críticas
Además, Ayuso ha respondido a las críticas sobre sus vacaciones en un chalet de Rascafría, en la sierra de Madrid. Insistió en que nadie ha financiado ni su estancia ni sus desplazamientos, y cuestionó que el Ejecutivo central dedique tanto tiempo a este tema mientras ignora asuntos de mayor relevancia.
Entre ellos mencionó los vuelos en avión Falcon hacia República Dominicana, la entrada irregular en territorio español de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela pese a estar vetada por la UE, o la pérdida de soberanía española sobre el Sáhara Occidental.
En su discurso, cargó especialmente contra el PSOE, estableciendo diferencias entre "ladrones que roban descaradamente" y tramas corruptas organizadas. En ese contexto, criticó duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su estrategia de "empatar" situaciones para presentarlas como equivalentes. "El proyecto de Sánchez siempre buscará empatar para decir que todos somos iguales. Pues no", sentenció.
El 'caso Montoro'
Respecto al conocido como 'caso Montoro', Ayuso reconoció que resulta "reprochable" el uso que se ha hecho de la Agencia Tributaria, pero defendió que debe repararse el daño reputacional causado a quienes hayan sido afectados injustamente.
No obstante, rechazó que todos los casos de corrupción puedan ser equiparados. Para que exista verdadera corrupción estructural, según explicó, debe haber funcionarios implicados en connivencia, tal como ocurrió en Andalucía con el escándalo de los ERE. Este tipo de tramas, afirmó, son muy diferentes de los casos individuales de personas que simplemente "han cometido actos punibles y deben responder ante la justicia".
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