Si bien el Gobierno se llevó una mala noticia antes de finalizar el curso con el fracaso de su 'decreto anti-apagones' eléctricos, con Podemos uniéndose a PP y Junts en contra, sí sacó adelante otras 3 votaciones.
Una de ellos era la del famoso reglamento anti-agitadores en el Congreso, aunque en realidad es una iniciativa de todos los socios de la legislatura menos la derecha.
El pleno del Congreso daba su visto bueno ayer martes a una serie de modificaciones en el Reglamento que introduie sanciones dirigidas a personas acreditadas como periodistas que dificulten la actividad parlamentaria o perturben el trabajo de otros medios de comunicación.
Era una forma de blindarse contra agitadores ya famosos, como Vito Quiles y Bertrand Ndongo, entre otros, acreditados como periodistas pero que se dedican a boicotear y explotar la convivencia en las ruedas de prensa.
Además, se ampliaron los supuestos en los que los diputados pueden solicitar el voto telemático, incorporando nuevas situaciones vinculadas al cuidado familiar y a tratamientos médicos específicos.
"Buen funcionamiento" de la Cámara
La modificación del Reglamento incluye hasta 17 tipos de infracciones clasificadas según su gravedad. Entre las faltas consideradas muy graves están el incumplimiento de las normas de cortesía dentro del Congreso o en sus zonas de acceso, así como la grabación oculta de imágenes o audios en espacios reservados, como despachos de los diputados o áreas privadas de los grupos parlamentarios. Estas conductas podrían acarrear sanciones severas, como la suspensión temporal de la credencial entre 3 meses y 5 años, o incluso su revocación definitiva.
Eran prácticas habituales de medios ultras para los que trabajan algunos informadores como Vito Quiles y Bertrand Ndongo, entre otros.
La propuesta de esta reforma fue presentada conjuntamente por varios partidos, incluidosPSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria, con el apoyo adicional de Podemos.
El caso que colmó el vaso fue la de la tensión ocurrida en una rueda de prensa de Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, afectando tanto a la labor de los periodistas presentes como a la propia diputada.
Reacciones encontradas
Los promotores de la reforma han defendido que esta medida no busca limitar derechos fundamentales, sino proteger la convivencia institucional y el ejercicio profesional del periodismo.
Por otro lado,Partido Popular y Vox rechazaron frontalmente la reforma, acusando a los partidos proponentes de intentar imponer una "censura encubierta". La diputada 'popular' Carmen Navarro ha advertido sobre el peligro de utilizar el Reglamento como un "instrumento de purga" contra ciertos periodistas.
Jacobo González-Robatto, diputado de Vox, denunció que la medida persigue silenciar a voces críticas con el Gobierno de Pedro Sánchez.
En la misma línea, Alberto Catalán, del UPN, también mostraba su desacuerdo con los cambios aprobados.
Otras novedades
Además de las medidas relacionadas con la actividad periodística, la reforma del Reglamento introduce nuevos supuestos para el uso del voto telemático. Hasta ahora, esta posibilidad estaba limitada a casos como embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave. Con las nuevas disposiciones, los diputados podrán votar de forma remota también para atender responsabilidades familiares, como el cuidado de un ser querido o la gestión de trámites médicos asociados a procesos de reproducción asistida.
Aprobación de otras leyes
La sesión plenaria también abordó la votación de 3 decretos aprobados previamente por el Consejo de Ministros, así como varias leyes que regresaban al Congreso tras recibir enmiendas en el Senado. Entre ellas destaca la reforma de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, donde el PSOE y Sumar aprovecharon para establecer una deducción máxima de 340 euros del salario mínimo interprofesional (SMI) en la declaración anual del IRPF.
Otra norma relevante es la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, impulsada por un acuerdo entre el PSOE y Coalición Canaria. Esta ley pretende incentivar el alquiler de viviendas habituales mediante la regulación de inversiones en bienes patrimoniales destinados a este fin en las Islas Canarias.
Tambimén se votó a favor de la ley que creaba la Agencia Estatal de Salud Pública, que volvía desde el Senado para su aprobación definitiva.
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