El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido aportar una parte de su patrimonio personal para hacer frente a la fianza de 150.000 euros que le ha sido impuesta por el Tribunal Supremo.
Esta medida se enmarca en el contexto de un procedimiento judicial en curso por la publicación de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
En paralelo, el fiscal general prepara un recurso directo de apelación contra la decisión del magistrado instructor, Ángel Hurtado, al considerar que la cuantía es desproporcionada.
González Amador pide duplicar la fianza
Por su parte, González Amador solicitaba al Tribunal Supremo que elevase a 300.000 euros la fianza impuesta al fiscal general.
A esta fianza, de 150.000 euros, la considera insuficiente la acusación particular, que argumenta que los daños morales derivados de la supuesta filtración persisten de forma diaria.
La defensa de González Amador sostiene que la filtración de un comunicado de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en el que se detallaban correos electrónicos entre el empresario y el fiscal del caso de delitos fiscales, desató una cadena de reacciones públicas que, a día de hoy, no ha cesado.
El juez la rebaja a la mitad
Pero para sorpresa de todos, finalmente el juez Ángel Hurtado, que lleva este caso, ha decidido corregirse a sí mismo, aceptando el recurso de García Ortiz, y ha rebajado la fianza.
En concreto, ésta baja de 150.000 a 75.000 euros. El motivo es que el magistrado ha reconocido que la cantidad original incluía, por error, las posibles multas a las que puede ser condenado en caso de perder el juicio.
Y este asunto es grave, porque es algo que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.
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