El abogado que representaba a Manos Limpias en la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha notificado su renuncia a la asociación.
Carlos Perales, del despacho Prico Jurídicos, comunicó su decisión por burofax a Manos Limpias y al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
El letrado argumentó que ha observado que las decisiones de la organización responden a "fines de naturaleza política". La asociación fue quien presentó la denuncia inicial que motivó al juez Peinado a investigar a la mujer de Sánchez.
El abogado explicó que la estrategia de Manos Limpias es "incompatible" con los principios del despacho. A su juicio, el procedimiento "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".
Perales considera que las decisiones estratégicas del procedimiento "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".
La abogacía frente al activismo político
El letrado argumenta que esta deriva "resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos". Perales recuerda que el Código Deontológico de la Abogacía Española impone al letrado el deber de actuar con plena independencia, protegiendo la función social de la abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso.
"La utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar", sostiene.
Perales recalca que "la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública". Por ello, continuar en el caso cuando "los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal", supondría "diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso".
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