La Comisión Europea ha hablado este jueves sobre el plan de regularización masiva que quiere hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, y lo ha hecho para dar su visto bueno y admitir al mismo tiempo el escaso margen de maniobra que tiene el Ejecutivo comunitario sobre este tema. "Está claro que es responsabilidad de cada Estado el estatus que pueden tener las personas que están residiendo de manera ilegal en el país", ha asegurado en rueda de prensa el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austriaco Magnus Brunner, que además afirmó que entendía el movimiento del Ejecutivo español.
"Son personas que ya están en un Estado miembro y el Estado miembro tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal de esa migración y ver si hay necesidad de mano de obra y esto es lo que está haciendo España", dijo antes de reiterar que se trata de una competencia de los países miembros. Asimismo, fuentes comunitarias confirman que una cosa es la gestión que se realice de las llegadas acorde al pacto europeo de migración y asilo y otra sería el estatus que se dé a las personas que ya se encuentran dentro del Estado miembro.
El PP protesta
Aun así, el PP ya ha puesto una pregunta a la Comisión para que estudie si la medida de Sánchez se opone a los acuerdos de política migratoria europea, y si una medida con este alcance puede llevarse a cabo con carácter general o, por el contrario, tiene que abordarse caso a caso, conforme a los compromisos asumidos por los Estados miembros, de aucerdo a lo que han confirmado desde las filas populares.
La delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo remarca que esta regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular anunciada para el 2026, cuenta potencialmente con un "amplio alcance" y "un número elevado de beneficiarios", por lo que podría tener efectos directos sobre el resto del espacio Schengen. Por ello, la pregunta destaca que este anuncio tiene que estudiarse teniendo en cuenta los compromisos asumidos por los Estados miembros dentro del marco del Pacto sobre Migración y Asilo y de la gobernanza del espacio Schengen, el impacto de las regularizaciones nacionales en la libre circulación, los flujos secundarios y la confianza mutua entre los Estados miembros.
Además, el PP exige a la Comisión si cree que esta medida tiene que aplicarse a casos individuales y no con carácter general, de acuerdo a lo que prevén las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2008, y si hacerlo de forma general es compatible con dichos principios y con el acervo Schengen. La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, destaca que las decisiones unilaterales en materia migratoria cuentan con "consecuencias que trascienden el ámbito nacional y afectan al conjunto de la Unión Europea", por lo que piensa que es imprescindible “garantizar el respeto a los compromisos europeos y la coherencia con el marco común de migración y asilo".
La respuesta de Brunner se ha hecho en la rueda de prensa en la que la Comisión Europea ha informado de sus estrategias de migración y asilo y de visados para los próximos 5 años. Ha sido con un mensaje claro: lo prioritario son los retornos y el control de fronteras, unas llamadas a la acción de las que España ya se ha querido desmarcar, siendo el verso suelto de la Unión en estos momentos en lo que a política migratoria se refiere.
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