Los profesionales abogan por más leyes que reconozcan derechos subjetivos, al estilo de la dependencia, y recordaron la importancia de establecer una ratio mínima de un trabajador social por cada 3.000 habitantes.
El Ayuntamiento de Alcorcón, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid presentaron este jueves 'Las nuevas leyes de servicios sociales. Criterios para evaluar su elaboración o sus contenidos'. Se trata de una obra fruto de la reflexión de numerosos profesionales del sector, en la que se analizan las claves y los retos del futuro para el sector social.
Así, Ana Lima, presidenta del Consejo, señaló que su órgano "apuesta por una nueva generación de de leyes sociales que reconozcan derechos subjetivos", al estilo de la Ley de Atención a la Dependencia, "para garantizar la atención profesional a todos los ciudadanos". Esto viene recogido en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aunque, recordó, "no habla de ratios y no se está potenciando la financiación".
Por su parte, Pedro Moreno, coordinador general de Servicios a la Ciudad de Alcorcón, destacó que la aprobación de la Ley de Dependencia "creó un espacio de oportunidades que no podemos desaprovechar". Además, argumentó que los debates sobre quiénes tienen más acceso a los servicios sociales desvía la atención de "la realidad del problema: los recursos sociales deberían llegar a todos, independientemente de su nivel de renta, y no lo hacen por falta de inversión social".
Además, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, abogó por que se establezca a un trabajador social de referencia a cada ciudadano, aunque para ello "haría falta implantar una ratio razonable", como la de un trabajador social por cada 3.000 habitantes. También destacó la necesidad de prestigiar la atención primaria, ya que la actual sectorización de los Servicios Sociales plantea algunos inconvenientes.
"En algunas comunidades autónomas hay un departamento de dependencia, otro de mujer, otro de inmigración, otro de mayores... ¿Y si una mujer es dependiente, mayor e inmigrante? ¿A dónde tiene que ir?", se preguntó. Al acto también asistieron Juan Mato, director general de Inclusión Social, que se mostró de acuerdo en reforzar la atención primaria en servicios sociales; y Rosario Quesada, decada del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid.
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