Rajoy, que visitó la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara, señaló que es la primera vez en la historia de cualquier democracia en la que las posiciones de un partido no se pueden debatir en el Parlamento.
"Esto ni Stalin; ni siquiera se considera la oportunidad de debatir".
El dirigente 'popular' afirmó también ue tras el atentado de ETA en la Terminal 4 de Barajas,
"el Gobierno sigue en las tesis de dialogar y a los demás no nos dejan presentar propuestas". Por eso, no sólo tachó de
"inaceptable" el veto sino que anunció que piensa defender sus ideas
"tenga el coste personal que tenga".
El líder de la oposición se mostró sorprendido porque
"es la primera vez, no en la democracia española, sino en la historia de cualquier democracia" que ocurre una situación así, por lo que volvió a insistir en sus comparaciones con Stalin.
Con respecto a otro tema de actualidad como la corrupción urbanística, Rajoy aseguró que, en su opinión, ya hay leyes suficientes para luchar contra la corrupción urbanística y destacó que
"lo importante" es aplicar esas leyes. Además, consideró que para llegar a un pacto en esta materia hace falta
"tener política y contenidos".
Se da la circunstancia de que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha anunciado que ante la falta de acuerdo con el PP para incluir medidas anticorrupción urbanística en el proyecto de Ley del Gobierno Local, intentarán introducir enmiendas en este sentido en la Ley del Suelo, durante su tramitación parlamentaria.
Rajoy, que visitó el núcleo urbano de San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga), señaló que en España hay "una cierta tendencia" a que, cuando surgen problemas, "el Gobierno en lugar de decir lo que hay que hacer y aplicar una política, lo que hace es decir 'vamos a hacer un pacto'".
En este sentido, consideró que "lo más importante no es hacer un pacto, porque ya todos estamos de acuerdo en que no haya corrupción", aunque dijo que "cualquier cosa que se pueda hacer para luchar con mayor eficacia, el PP está dispuesto a escucharla, pero no hemos oído propuestas en las últimas fechas".
Para el líder del PP, "hay leyes suficientes" para luchar contra la corrupción, por lo que insistió en que lo importante es que "la Ley se aplique, que los jueces sean diligentes, que la Policía sea eficaz y que el fiscal defienda el interés general y por tanto vaya claramente contra la corrupción".
Volviendo al asunto del proceso de paz, y como se sabe, el Partido Popular anunció un paquete de cinco iniciativas parlamentarias, que también pretende debatir en la próxima reunión del Pacto Antiterrorista, entre ellas una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a que inicie el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).
Otras de las medidas que trasladará a la Cámara son pedir al Ejecutivo que ordene a la Fiscalía solicitar la apertura de juicio oral y las máximas condenas en el caso Egunkaria, así como la persecución de todas las actuaciones de Batasuna a fin de impedir su
"normalización".
Una cuarta proposición consiste en instar al Gobierno a que, a través de la Abogacía del Estado, comunique al Tribunal de Estrasburgo que no han cambiado las circunstancias respecto a la ilegalización de Batasuna por formar parte de una organización terrorista y, por último, someter al Congreso la revocación de la resolución de mayo de 2005 por la que el Gobierno fue autorizado a dialogar con ETA en ausencia de violencia.
Por otro lado, el portavoz adjunto del PP en el Congreso,
Vicente Martínez Pujalte, calificó de la decisión de los partidos de
"absoluta irresponsabilidad". Martínez Pujalte expresó su
"extrañeza" por esta decisión y consideró "impropio" que el resto de las fuerzas políticas "no quieran debatir según que iniciativas o lo impida el PSOE".
El diputado 'popular' recordó que cuando el PP y el PSOE acordaron la reforma de la Ley de Partidos, una propuesta clave en la política antiterrorista el resto de los partidos no lo aprobó, pero este desacuerdo
"no impidió el debate". Insistió, asimismo, en que
"excluir" al PP y, por tanto, a diez millones de ciudadanos, de las instituciones, de los debates y de todos los temas
"es una mala política del PSOE".