Si nos remontamos a 1993, podremos comprender, en gran medida, el papel jugado por el Instituto de Crédito Oficial en esta crisis. Entonces, el gobierno lo presidía Felipe González al que le estalló otra suspensión de pagos histórica, la de la cooperativa de viviendas PSV, promocionada por el sindicato UGT.
PSV tenía del orden de 10.000 socios los cuales, además de las aportaciones a la cooperativa, tenían suscritas unas cuentas de ahorro vivienda a través de la filial de la promotora de viviendas, IGS de Mercado Hipotecario. En caja no había dinero. Una vez estallada la crisis, lo primero que había que hacer era abonar los depósitos de esta entidad. El número dos de la UGT de entonces, Antón Saracíbar, tuvo que acudir a Moncloa para entrevistarse con Felipe González y el entonces vicepresidente Narcís Serra a pesar de que las relaciones entre el partido y el sindicato no eran nada fluidas, sino todo lo contrario.
González, Serra y Saracíbar decidieron que el ICO avalase un crédito de 10.000 millones de las antiguas pesetas con las cuales se devolvió el dinero de las cuentas de ahorro vivienda. Para ello, el sindicato tuvo que aportar como garantía su patrimonio inmobiliario. El aval del ICO fue suficiente y se pudo devolver el dinero a los afectados. De esa manera comenzó a solucionarse el descomunal problema que se había generado.
Agencia financiera
A partir de ese momento se supo que el ICO es una agencia financiera del Estado encargada de avalar créditos ante las entidades financieras. El ICO no presta. Avala, siempre que haya garantías suficientes para la devolución de las cantidades solicitadas.
En el caso de Martinsa-Fadesa, la empresa cuenta con un patrimonio inmobiliario de 10.804 millones de euros según una tasación independiente, y unas deudas de 5.100 millones. Es decir, cuenta con un colchón suficiente como para poder avalar un crédito de 150 millones. En síntesis, calderilla pura y dura. Entonces, ¿por qué no se aplicó el mismo rasero a la inmobiliaria que el efectuado en su día a PSV?
La respuesta hay que buscarla en las decisiones políticas. El gobierno de Felipe González decidió actuar. Salvar una situación en la que estaba en juego la credibilidad de un sindicato “hermano”, la UGT. Ahora es diferente. El vicepresidente, Pedro Solbes, advirtió, hace unas semanas, que no habría ayudas para las empresas inmobiliarias en apuros. El mensaje a Martinsa era claro. El problema es que de todos es sabido que la inmobiliaria de Fernando Martín no es la única que pasa apuros a la hora de solucionar su crisis financiera. En parecida situación está otro “grande”, Colonial. Hábitat y Detinsa también sufren las consecuencias de la crisis y AISA, que también cotiza en bolsa, ha presentado suspensión de pagos. Así como las medianas y pequeñas empresas del sector Lábado, Llanera, Cosmani, Seop, Urazca y Temple. Reyal Urbis empieza a tener problemas de tesorería y ha trascendido que está dejando de pagar facturas a proveedores.
Y luego están los problemas de liquidez de algunas entidades financieras. Aunque en este sector se juega con la posibilidad de acabar en el Fondo de Garantía de Depósitos, las autoridades se temen que la situación desemboque en una crisis de descomunales consecuencias. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya lo ha advertido. Es partidario de que las ayudas y los avales del ICO se otorguen con cuentagotas.
Dicen que a Fernando Martín, Rodríguez Zapatero le prometió ayudas siempre que aguantase hasta las elecciones de marzo pasado, y que ahora le ha dejado en la estacada cuando el ha cumplido su compromiso. Pero lo que no se cuenta es que el presidente de Martinsa no contó, en su momento, con el “efecto dominó” que una ayuda podría causar no sólo en el sector sino en la economía española en general. Y eso es un aviso a navegantes para todos los que miran a “Papá Estado” pensando que en épocas de vacas flacas éste va a salir en su ayuda.
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