Los errores profundos de la Asamblea Constituyente

Como testigo directo de la Asamblea Constituyente en Bolivia, considero fundamental reflexionar con profunda honestidad sobre los errores más importantes que llevaron al histórico evento hacia su lamentable fracaso. La Asamblea nunca pudo generar valor público debido al enfrentamiento que surgió durante seis meses con el reglamento de debates y el sistema de votación. Prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en la Constituyente estaban plenamente conscientes de la magnitud de los problemas pero prefirieron reforzar las estrategias de suma cero, insistiendo en aplastar a quienes eran considerados como enemigos.

Con la aprobación del sistema de votación donde primaba la mayoría absoluta en el reglamento de debates de la Asamblea Constituyente el 17 de noviembre de 2006, fue posible observar los obstáculos estructurales que liquidaron las proyecciones posteriores que tuvo todo el proceso hasta la bochornosa aprobación del texto final en diciembre de 2007. Uno de los ejes conceptuales que resulta útil reflexionar es el concepto de “valor público”, puesto que su consideración sirve para explorar cómo dicho valor público se vincula con la relación Estado-ciudadano, y al mismo tiempo de qué manera las “preferencias públicas” podían respaldar el proceso político constituyente o, por el contrario, condenarlo hasta su total deslegitimación.

El valor público se refiere a un conjunto de beneficios creados por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. De aquí que en una democracia, este valor sea definido en última instancia por el público mismo; es decir, por el conjunto de la opinión pública al juzgar los resultados de las acciones de gobierno y los impactos que provocan las decisiones políticas en la vida diaria de los ciudadanos.

El “valor” está determinado por las múltiples preferencias ciudadanas que se expresan a través de una variedad de medios y se reflejan por medio de las decisiones de los políticos electos. Por regla general, los hechos clave que los ciudadanos juzgan como valiosos se ubican en tres categorías: resultados, servicios y confianza. La legitimidad del Estado y de ciertos escenarios de deliberación democráticos, generalmente depende de cuán capaces son los líderes y gobernantes para crear valor.

En un Estado de derecho y democrático, la aptitud para crear valor público ofrece beneficios adicionales a cualquier mejora que pueda producirse en la calidad de las políticas públicas juzgadas por sus resultados, y en las orientaciones democráticas donde no existen visiones enfrentadas de amigo-enemigo.

El valor público alienta un sentimiento de pertenencia al Estado, la política y la democracia, reduciendo el resentimiento hacia las acciones del gobierno porque se habrá construido una sólida legitimidad y aumentado la confianza de los ciudadanos hacia el Estado, de quien se espera la probabilidad de tomar las mejores decisiones.

La Asamblea Constituyente estuvo marcada por un profundo déficit en la generación de valor público. No solamente las expectativas y confianza de la población en general decayeron respecto a la Asamblea, sino que el proceso constituyente se convirtió en el principal referente político de suma cero donde la lógica de amigo-enemigo dominó el posicionamiento de los partidos políticos para imponer decisiones al margen de lo que grandes sectores de la ciudadanía podían esperar, por ejemplo, respecto a cambios moderados, incrementales, estables y la consecución de soluciones nacionales para su implementación duradera.

Las consecuencias de los conflictos fueron explícitas al mostrar un grave deterioro en la imagen que la población tenía de la Asamblea. El descreimiento de la ciudadanía entre agosto y diciembre de 2006 pudo caracterizarse como decepción e indiferencia al ver que la Constituyente reproducía las mismas pautas cuestionadas del Congreso y las viejas élites políticas.

Gran parte de la sociedad boliviana se inclinaba más por reformas constitucionales moderadas, antes que por reestructuraciones profundas cuya efectividad era desconocida; esto mostraba una encuesta realizada por equipos MORI el 10 de septiembre de 2006 en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, donde sólo tres de cada diez personas aprobaban el trabajo del primer mes de la Asamblea, nueve de cada diez no conocían el trabajo de las bancadas y solamente una persona de cada diez sabía cuántos integrantes tenía su brigada departamental en el cónclave constituyente; otras encuestas llevadas a cabo por organizaciones internacionales tenían similares datos pero pragmáticamente prefirieron doblar la página y otorgar dinero a la Asamblea pensando que los hechos cambiarían de rumbo. Estaban totalmente equivocados.

Las confrontaciones durante la aprobación del artículo 70 sobre el sistema de votación con el apoyo casi exclusivo del MAS (140 votos), expresaban difíciles bloqueos al interior de la Asamblea que se resumen en lo siguiente: ruptura de los canales de comunicación entre las principales fuerzas políticas como el MAS y Podemos. Este distanciamiento evitó la generación de relaciones de confianza que se necesitaban para la identificación de una “visión de país” renovada, inclusiva y reconciliadora.

Al persistir las estrategias de suma cero, era muy agotador articular consensos sobre los temas de mayor preocupación como la estructura institucional del Estado, el futuro de los hidrocarburos y los sectores estratégicos de la economía, la problemática de la tierra como recurso de desarrollo, pero al mismo tiempo, como escenario de participación indígena con algún poder, las autonomías, los derechos y garantías fundamentales de las personas en un régimen de libertades democráticas.

Los conflictos se acrecentaron en la conformación de comisiones y directivas de las representaciones departamentales. Una vez que el MAS controlaba 11 de las 21 comisiones y ejercía su dominio en las presidencias de las brigadas departamentales, especialmente de Tarija y Santa Cruz, la posibilidad de considerar los planteamientos y reivindicaciones de la oposición se veían reducidas a eventos testimoniales con reducidas capacidades decisorias. Estos conflictos alimentaron un sentimiento beligerante en Podemos y algunos partidos pequeños que pensaban instalar brigadas paralelas con el claro objetivo de desafiar la preponderancia del MAS, lo cual dio lugar a la formación de una cadena de descalificaciones, antes que la construcción de valores públicos compartidos entre los asambleístas, y entre éstos y grandes sectores de la sociedad civil.

Finalmente, las brechas de confianza y el desprestigio de las palabras pacto o consenso entre muchos constituyentes del MAS, estimularon un clima de opinión carente de valores sustentables en el largo tiempo. Este clima pervive hasta hoy día y por esta razón muchos dirigentes del gobierno y la oposición prefieren resolver todo en las arenas candentes de la violencia.

Por Franco Gamboa Rocabado
Sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program