El preámbulo de la adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) estuvo marcado por insultos, golpes a periodistas y artillería pesada en manos de efectivos militares, que lejos de crear un ambiente de paz pusieron tensa a la población.
Desde horas muy tempranas, en el anillo periférico y alrededores de la sede del Poder Ejecutivo se apostaron efectivos militares, tanquetas y comandos con artillería pesada.
El equipo bélico perteneciente a las Fuerzas Armadas de Honduras estaba distribuido en cuatro sectores.
Una tanqueta permaneció a inmediaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, otra cerca del Santuario de Suyapa y dos en los accesos a Casa Presidencial.
Además de eso, alrededor de 400 elementos de la Fuerza Ejército permanecieron a lo largo de la mediana del periférico, con lo que se le brindó seguridad a los dignatarios y personas que se dieron cita en la capital.
La Policía Preventiva también hizo un despliegue por aire y tierra.
Los helicópteros Halcón I y II sobrevolaron el espacio aéreo de la ciudad y especialmente donde se concentraron miles de personas que llegaron de diferentes partes del país para ser testigos de la firma de un documento que nunca se dio a conocer.
Las patrullas, de igual forma, recorrieron los bulevares en los que se estacionaron centenares de autobuses, contratados supuestamente por el gobierno para movilizar a centenares de personas desde diversos puntos del país.
La máxima seguridad también era evidente en los puntos estratégicos designados por los coordinadores para pagar 200, 300, 500, 1,000 y hasta 1,500 lempiras a cada manifestante.
Cada personas que ingresaba era minuciosamente registrada por los miembros de la Guardia de Honor Presidencial y en los alrededores del estrado donde se pronunciaron los discursos los elementos de la Policía Antibombas, acompañados de perros amaestrados, hicieron una revisión de toda el área que comprende la denominada "Plaza de la Libertad", ubicada frente al edificio de la sede del Ejecutivo.
También fue notoria la presencia de los francotiradores, quienes se encontraban ubicados en los edificios aledaños al edificio José Cecilio del Valle.
TSC debe investigar origen de recursos
El coordinador del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdeth, sugirió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigar de dónde salió el dinero que el gobierno utilizó para movilizar a miles de personas.
Díaz manifestó que si el dinero proviene del Partido Liberal "ellos tienen sus propios mecanismos de fiscalización y están en su derecho de invertirlo o gastarlo como consideren pertinente".
Sin embargo, "si el dinero proviene de los fondos del Estado, el TSC debe intervenir porque ese dinero no se puede usar para ese tipo de cosas; para poder hacerlo tendría que haber estado estipulado claramente en el Presupuesto Nacional y no existe la partida que puede justificar eso, ni siquiera se hizo la propuesta por parte del Ejecutivo y por tanto sería objeto de auditoría por parte de los entes contralores".
Díaz Burdeth comentó, por otra parte, que el Alba "es un asunto más de trascendencia política, dado que no hay suficiente información de parte del gobierno que deje claro qué programas contempla ese tratado y bajo qué condiciones están negociados los mismos".
"Este no es un tema solo ideológico o político, aunque es lo que más pesa, también hay que analizar lo que significa el contenido financiero, los compromisos, las posibilidades de comercio y desarrollo, pero todo eso se desconoce y los diferentes sectores no se pueden expresar con criterio o fundamentos a favor o en contra", agregó.
"El caso del Alba es desconocido por la hondureñidad, ese es un inconveniente de procedimientos y una falta de consideración a la ciudadanía; se quiere imponer algo sin mayores argumentos y justificaciones, y si existen de nada sirven al no ser públicas".
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