Una fuente de la Procuraduría dijo hoy a Efe que aún está en análisis el nombre de la empresa, que deberá utilizar técnicas manuales, para reanudar la búsqueda en la laguna de Yambo, donde se presume que fueron arrojados los cadáveres de los dos hermanos colombianos.
Se prevé que varios buzos cumplan los trabajos de búsqueda, para lo cual se instalará una barcaza en la laguna, señaló la fuente.
Añadió que es imposible, por problemas de visibilidad en la laguna, la utilización de robots u otro tipo de tecnología para la búsqueda de los desaparecidos colombianos.
Pedro Restrepo, padre de los hermanos desaparecidos, mencionó hoy a Efe la posibilidad de que la empresa que se contrate sea suiza, pero no ahondó en detalles.
El pasado 25 de agosto, el procurador de Ecuador, Diego García, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Salcedo (Ecuador) que establece la cooperación técnica e interinstitucional para la construcción de un camino de acceso a la laguna de Yambo.
El convenio fijaba como plazo 30 días laborables para terminar las obras de reparación, ampliación y empedrado del camino, con lo que se facilitaría el ingreso de las maquinarias que utilizarán los buzos contratados por el Estado para efectuar las labores de rastreo y búsqueda de los cuerpos.
La fuente de la Procuraduría dijo hoy a Efe que también se analiza la posibilidad de que representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) estén presentes durante el trabajo de los buzos, que durará unos tres meses.
La investigación por el caso de los Restrepo fue reabierta el año pasado por decisión de la Procuraduría General de la República.
El 8 de enero de 1988, durante el Gobierno del conservador León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, los hermanos Restrepo fueron detenidos por la Policía, según sus familiares sin justificación alguna, y nunca más se supo de ellos.
Según Pedro Restrepo, padre de los hermanos, uno de ellos fue maltratado hasta tal punto que falleció. Entonces los policías mataron también al otro, para tratar de ocultar lo ocurrido.
En 1998, la Procuraduría suscribió un acuerdo de solución amistosa con sus familiares, que incluía una indemnización de dos millones de dólares y que posteriormente fue avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ese acuerdo establecía la obligación de cumplir una nueva búsqueda de los cadáveres en la laguna de Yambo.
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