España tendrá que pagar unos 132 millones de euros para el uso del catalán, gallego y euskera en la UE

La Comisión Europea ha evaluado que la inclusión del catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales en la Unión Europea podría conllevar un gasto anual mínimo de 132 millones de euros, según un informe preliminar.

Ese informe fue filtrado a 'El País' y 'Radio Nacional de España (RNE)' para luego ser posteriormente confirmado por fuentes comunitarias.

Según el documento, la estimación se basa en un total de 44 millones de euros por cada lengua anualmente, tomando como referencia los costes asociados con la traducción e interpretación al gaélico. Bruselas ha subrayado que no puede realizar un cálculo más preciso hasta que los Veintisiete países miembros acepten de manera unánime la oficialidad de estas 3 lenguas. En caso de que España logre persuadir a los demás países para respaldar esta propuesta, la Comisión tendría un plazo de seis meses para elaborar un informe más detallado sobre el costo definitivo.

La solicitud del Gobierno español para la oficialidad del catalán, gallego y euskera fue pospuesta por los Estados miembros en septiembre, como parte de las exigencias de los partidos nacionalistas para apoyar a Pedro Sánchez en su nueva investidura. Esta decisión se tomó a la espera de un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las implicaciones de la medida, así como un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

Dificultades técnicas

En cuanto a los aspectos prácticos, Bruselas destaca que el costo de agregar un nuevo idioma oficial dependerá de la disponibilidad de personal cualificado para la traducción e interpretación, así como de los gastos asociados con la revisión y publicación de textos legales en esa lengua. El documento indica que la identificación y organización de una formación específica en colaboración con las autoridades españolas será necesaria, y el costo final también dependerá de la existencia de sistemas de inteligencia artificial para traducción automática en cada lengua. En caso de su ausencia, se requerirá una inversión en estos sistemas. Además, se deben considerar los periodos de transición hasta que la oficialidad del catalán, gallego y euskera sea completamente establecida.

Un precedente relevante es el caso del gaélico, que fue solicitado como lengua oficial por Dublín en 2005 y aprobado en 2007 con una derogación temporal especial que concluyó en 2022. La derogación se retiró gradualmente a partir de 2015, coincidiendo con el aumento de la capacidad de traducción al gaélico en los organismos comunitarios. Desde 2022, el gaélico tiene pleno estatus como lengua oficial ante las instituciones europeas, 17 años después de la solicitud inicial de Irlanda.

Para ganarse el respaldo de sus socios, el Gobierno español se ha comprometido a asumir el coste estimado de 132 millones de euros en sus presupuestos. Sin embargo, esta propuesta generó dudas jurídicas en septiembre, ya que el reglamento europeo establece que dicho gasto debe ser financiado por las arcas comunitarias. Asimismo, se sugiere que la oficialidad se limite a estas tres lenguas para evitar abrir la puerta a demandas similares por parte de otras lenguas minoritarias, como el ruso, una preocupación expresada por los países del Este.

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