Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detectado que la red de fraude multimillonario de hidrocarburos investigada por la Audiencia Nacional presuntamente destinó cerca de un millón de euros a "comprar la voluntad" del ex ministro José Luis Ábalos y de otros cargos públicos.
La trama estaba supuestamente liderada por el empresario Víctor de Aldama, señalado como el conseguidor del 'caso Koldo', y su socio, Claudio Rivas.
Según la UCO, existe constancia de que Rivas, a través de la empresa Have Got Time SL, "generó un presunto fraude millonario cuantificado en 49.213.613,36 euros durante los años 2021 y 2022". Esta suma le habría permitido, en parte, realizar el pago aproximado de un millón de euros para obtener influencia y "pernear estructuras de la Administración" a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas.
Mediación de Koldo
La Guardia Civil señala directamente a De Aldama como la persona que habría vehiculado la infiltración. Él era una "persona con acceso al entorno" del entonces ministro Ábalos y habría sido clave para lograr el acuerdo.
El objetivo de esta influencia, según los agentes, era "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la mercantil Villafuel S.L., la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos". La trama buscaba obtener dicha licencia pese al "incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos", todo ello a cambio de una contraprestación económica.
Además, la investigación indica que Koldo García, ex asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, también habría mediado ante los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica con el mismo fin de que Villafuel obtuviera su licencia para operar en el sector.
La versión del Ministerio
Desde el Ministerio de Transición Ecológica, los funcionarios han argumentado que el expediente de Villafuel "tardó en resolverse casi 3 veces más que la media", abarcando desde enero de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2022.
El departamento explicó que esto se debió a la "gestión rigurosa y de máxima diligencia por parte de los funcionarios públicos", quienes realizaron "sucesivas peticiones de información y aclaraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos, en dos procedimientos". El primero fue rechazado, y el segundo se inició en julio de 2022. Por lo tanto, el Ministerio se reafirma en que "no solo no hubo trato de favor hacia la sociedad, sino que hubo una gestión rigurosa y de máxima diligencia".
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