El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha decretado el sobreseimiento de la investigación originada tras el apagón masivo del pasado 28 de abril de 2025.
Según ha concluido el juez, no existe "el más mínimo indicio" de un sabotaje terrorista, por lo que ha dado el carpetazo definitivo a la vía penal abierta en la Audiencia Nacional.
Todos los informes técnicos analizados
En un auto, el magistrado ha adoptado esta decisión una vez recibidos todos los informes técnicos solicitados con motivo del apagón en los que se descarta “de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”.
El informe encargado al Centro Criptológico Nacional ha señalado que el análisis del archivo de 70Gb correspondiente a la información contenida en el sistema basado en la tecnología OpenSearch donde se recogen y centralizan todos los eventos de seguridad que generan sus sistemas de Tecnología Operativa (OT), “no ha aportado ningún dato o elemento que haga variar las conclusiones alcanzadas en el informe que se ponía en conocimiento la no identificación de acciones cibernéticas dañinas o evidencias relacionadas con un ciberataque, así como que no se encuentran indicios que apunten a un ciberataque de un grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas”.
Además, la sentencia también ha mencionado el informe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), que ha puesto de manifiesto que tras la visita varios centros de control de las estaciones de generación del sistema eléctrico, no se ha observado ningún ciberataque de grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas contra las infraestructuras objeto de análisis.
El INCIBE tampoco ha detectado acciones potencialmente dañinas de carácter cibernético
El juez también se ha hecho eco de las conclusiones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que emitió 8 ocho informes que concluían la “no detección de ningún tipo de acción potencialmente dañina de carácter cibernético” que pudiese afectar a los centros de control auditados.
También ha justificado su decisión mencionando el informe elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) en el que tampoco se han obtenido indicios de ningún tipo de ciberataque relacionado con el incidente del 28 de abril.
Calama también ha enfatizado el informe emitido por la Comisaría General de Información tras analizar las 8.028 grabaciones y 1.296 correos, proporcionados por Red Eléctrica, relativo a las conversaciones e intercambio de información que tuvieron lugar desde los centros de control en el período comprendido entre las 00 horas del día 18 de abril y las 00 horas y del día 30. En este se ha confirmado que en ninguno de estos audios y correos electrónicos se hace alusión a un ciberataque o intrusión a los sistemas de REE.
Por último, la resolución ha recogido el Informe del Comité para el análisis de las circunstancias de la crisis de electricidad del 28 de abril, en el que se ha analizado cómo el cero eléctrico tuvo un origen multifactorial.
Apunta a un conflicto administrativo
Por todo ello, para Calama no se ha conseguido acreditar la existencia de ningún hecho con relevancia penal y ha optado por archivar la investigación.
Ha apuntado a que se infiere un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica, si bien estos hechos, aclara, ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, deben quedar fuera de la vía penal, “máxime cuando existen otros mecanismos de solución”.
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