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Los 46 millones de aumento para dependencia en los Presupuestos quedarán en papel mojado porque "no se pueden gastar"

- La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia los 'agujeros' del sistema de financiación

sábado 31 de marzo de 2018, 17:30h
Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentados esta Semana Santa no han convencido a casi nadie. Las últimas críticas llegan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que denuncian que el aumento de 46 millones previsto para las políticas de dependencia sólo sirven para hacerse la foto puesto que "no se pueden gastar" debido al sistema real de reparto de la financiación.
Mayores dependientes
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Mayores dependientes (Foto: EP)

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 "abandona a 300.000 dependientes y 100 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho".

Este colectivo insiste en que los 46 millones del incremento previsto en las cuentas públicas "no se pueden gastar por las Comunidades Autónomas si estas no aportan a su vez otros 184 millones", es un incremento que en la práctica "no supone absolutamente nada".

Por cada millón que aporta la Administración General del Estado (AGE) actualmente "obliga a gastar" como mínimo 4 millones más a las autonomías por el actual modelo de financiación de esta partida.

Es más, recuerdan que en 2017 ya se aumentó esta partida y se dejaron de gastar 44. Del gasto público directo en dependencia ese año, la AGE soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%, el reparto de la carga debería ser similar para ambos niveles de la administración, según las previsiones iniciales.

"Es papel mojado porque ni siquiera se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cuatro euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación)", insisten desde la asociación.

Es más, incluso dando por bueno que los 46 millones se llegaran a utilizar serían del todo insuficientes. La atención media de un dependiente cuesta 6.665 euros al año, por lo que en el mejor de los casos se podrían atender a unos 6.900 de la lista de espera. Es decir, se quedaría fuera el 98% de la lista de espera.

"Es indignante y cruel porque supone que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán más de 30.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la lista de espera”, critican desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que cifra en de 4.600 millones de euros el recorte en el gasto para dependencia producido entre 2012 y 2017.

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