Hubo pronto reacciones institucionales a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del PP contra la reforma judicial del Gobierno y sus aliados parlamentarios, lo que provocó aplicar medidas cautelarísimas contra su tramitación en el Congreso y Senado.
Congreso y Senado
Los principales afectados por la decisión, las 2 cámaras del Parlamento, Congreso y Senado, se manifestaron ante esta decisión por medio de sus presidentes, ambos del PSOE.
Meritxell Batet, presidenta del Congreso, explicó que acatará lo dictado por el Constitucional, pero argumentó que "la resolución adoptada hoy por este Tribunal ha tenido por efecto la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional". "Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo", añadió, no sin mencionar su "honda preocupación".
Por su parte, el presidente del Senado, Ander Gil, también socialista, insistió en la misma idea que Batet: acatará las medidas cautelares impuestas por el TC pero protesta por ellas. Denunció un "grave quebranto" en el sistema democrático que "nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia". Se quejó también de la "utilización tacticista" del PP para paralizar esta reforma, que ahora se tenía que seguir tramitando en la Cámara Alta tras pasar su primer corte en el Congreso el jueves de la semana pasada.
Gobierno
En representación del Gobierno habló el ministro de la Presidencia y de relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien tachó esta decisión del TC de "gravedad máxima" y explicó que "lamentablemente se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá". En todo caso, dejó claro que acatará la decisión de este órgano judicial. Además, se dirigió a la ciudadanía para pedir "tranquilidad" y asegurar que "comparte y comprende" su preocupación en este tema.
PSOE
Por parte del partido, la reacción oficial vino por parte de Eva Granados, portavoz del PSOE en el Senado. Granados denunció que era "la primera vez en la historia que el Tribunal Constitucional, en concreto sus miembros conservadores algunos con el mandato caducado, paraliza una tramitación legislativa". Admitió también estar "preocupados ante la decisión" y se preguntó "¿hasta dónde está dispuesto a llegar el PP en esta cruzada?", denunciando que el primer partido de la oposición es "incapaz de reconocer su derrota en las últimas elecciones". También cree que "no reconoce la legitimidad del Gobierno y de los representantes de la ciudadanía".
"Desde el PSOE entendemos que se han conculcado nuestros derechos y por eso no compartimos la decisión de un tribunal dividido y con varios de sus miembros con su mandato caducado", denunció.
PP
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el encargado de celebrar la decisión del Constitucional ante su propio recurso. Feijóo, en un breve mensaje en redes sociales, consideró que "nuestra democracia sale fortalecida" con la decisión tomada a última hora del lunes. "En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón", razonó.
La portavoz del partido y secretaria general, Cuca Gamarra, prácticamente repitió mensaje: "Nuestra democracia es muy fuerte y en ella, como marca la Constitución, todos estamos sometidos a la Ley, todos". "Sigamos siempre los caminos de amparo que establece el estado de derecho con serenidad", añadió.
Vox
El presidente de Vox, Santiago Abascal, también reaccionó al auto del TC: "La decisión del Tribunal Constitucional debería detener, de momento, el asalto de Sánchez. Pero no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse. Es capaz de desoír al Tribunal". "Seguiremos trabajando para detenerlo de forma definitiva: moción y más acciones judiciales", explicó.
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