Los presidentes autonómicos del PP llevaron a Bruselas la amnistía y presentaron en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) una enmienda con el objetivo de lograr su prohibición.
Pero el pleno del CdR ha rechazado los argumentos de los 'populares' y ha corroborado que la amnistía es un asunto estatal.
Los 27 han aprobado otra enmienda en su lugar que suscribe que tanto las amnistías como los indultos son competencias de cada país y proponen dejar en manos de cada Gobierno "los mecanismos y las circunstancias que rijan la aplicación" de estos recursos.
Según han adelantado la 'SER' y 'eldiario.es', la enmienda ha sido aprobada por 102 votos a favor, 75 en contra y una abstención.
Eso sí, es importante recalcar que la enmienda aprobada sí insta a los estados a "definir con claridad" bajo qué criterios se pretende amnistiar a condenados por delitos de corrupción.
Los líderes autonómicos 'populares', encabezados por Fernando López Miras (Murcia) pretendían forzar al pleno a prohibir la aprobación de la ley de amnistía.
"El Gobierno de España quiebra el Estado de Derecho y la separación de poderes y elimina delitos a petición de los delincuentes; a la amenaza que esto supone para nuestra democracia se suma el trato desigual para regiones como la mía", llegó a señalar durante su intervención.
Pero el CdR rechazó prohibir de primeras y asumió que se trata de decisiones nacionales, aunque se deberá justificar bien.
Bolaños hablará ante la Comisión sobre la amnistía
Tras este varapalo para el PP, le toca el turno al nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, que defenderá hoy la amnistía ante la Comisión Europea.
El Gobierno español ya envió el proyecto de ley sobre la amnistía a las autoridades europeas, pero Bolaños solicitó hablar en persona con la Comisión para resolver cualquier duda.
Se reunirá con la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova y con el comisario de Justicia Didier Reynders.
La derecha española con PP y Vox a la cabeza, han pedido a la Comisión que se oponga a la ley, pero desde la CE han manifestado que hasta que el parlamento español no apruebe la ley, no se pronunciarán. Algo que es habitual en este tipo de procesos.
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