Bruselas no ve 'a priori' nada contrario a los principios y normas europeas en la ley de amnistía

La Comisión Europea no aprecia choque alguno de la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios, al quedar salvados los intereses financieros de la UE y no entrar los casos de lawfare, con lo que entiende que es un asunto doméstico cuya evaluación le toca a las autoridades nacionales competentes, según las primeras impresiones de sus servicios, si bien el texto continúa bajo estudio.

Así lo señalan fuentes comunitarias que comentan que las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario respecto a la futura ley de amnistía estaban en su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho, concretamente en el principio de separación de poderes por la posibilidad de que incluyera los denominados casos de lawfare o guerra judicial.

Pero manifiestan que, tras ese primer vistazo al texto registrado el pasado lunes en el Congreso de los Diputados por el PSOE, esas dos preocupaciones se han eliminado porque ambas cuestiones han quedado fuera de la proposición de ley. En todo caso, han matizado, el texto sigue siendo analizado ahora en profundidad por los servicios jurídicos antes de dar una opinión formal. Así, el artículo 2 del texto detalla los supuestos que no aparecen en la futura amnistía, incluyendo entre ellos "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".

Bruselas no aprecia colisión de la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios, al quedar salvados los intereses financieros de la UE y excluirse los casos de 'lawfare', con lo que entiende que se trata de un asunto doméstico. pic.twitter.com/KbX4nDsXtu

— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 14, 2023

En cuanto al lawfare, aunque no lo indica expresamente, ciñe los actos amnistiados a los "vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista", como delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación, lo que deja fuera otros, como el blanqueo de capitales, organización criminal o asociación ilícita, falsedad documental o contra la Hacienda Pública. De haber tenido alguna referencia al lawfare en la proposición de ley, la Comisión Europea sí tendría que actuar, comentan las citadas fuentes.

Pero al recogerse únicamente en un acuerdo entre partidos políticos, el firmado por el PSOE y Junts el pasado jueves, queda fuera del alcance de Bruselas. En este aspecto, indican que el Ejecutivo comunitario no puede transformarse en un "actor político" en los Estados miembros. Cosa diferente, advierten, es que ese acuerdo político que incluye el lawfare se desarrolle legislativamente. A pesar de todo, para Bruselas la proposición de ley, en su estado actual, es un asunto de ámbito nacional cuyo control deriva de las autoridades competentes, empezando por el Parlamento, que es el responsable de tramitarla y aprobarla, y terminando por el Tribunal Constitucional (TC), que será el que tenga la última palabra sobre su legalidad.

No hay paralelismos con Rumanía

En esa misma línea, las fuentes consultadas dicen que las motivaciones políticas para aprobar una ley de amnistía, ya sean las puestas en la exposición de motivos, que la justifica por la necesidad de rebajar la "tensión institucional", o el apoyo de las fuerzas independentistas a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, no son relevantes para la Comisión Europea porque son los órganos nacionales quienes tienen que evaluarlas.

Por otra parte, se descarta cualquier paralelismo con el caso de Rumanía, cuando Bruselas indicó que actuaría si se aprobaba una ley de amnistía confeccionada por el gobernante Partido Social Demócrata para perdonar a su entonces líder, Liviu Dragnea, que fue condenado a 3 años y medio de cárcel por abuso de poder, aunque también tenía otra condena por fraude electoral.

Las fuentes advierten que en el caso rumano se trataba de una ley de amnistía diseñada para beneficiar directamente al líder del partido gobernante que la impulsaba, situación que no ocurre en el escenario español. A ello añaden que la ley de amnistía no llegó a ver la luz. En cualquier caso, remarcan que para activar el artículo 7 del Tratado de la UE, que puede suspender los derechos como Estado miembro, debe darse un incumplimiento sistemático de los principios y normas de la UE, por lo que una única infracción no podría ser suficiente para ponerlo en marcha, por muy grave que fuera la misma.