Los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Cortes de Castilla y León han registrado este martes la proposición de ley autonómica de Concordia, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP) con la que se busca "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978" y equiparar a las víctimas de este periodo.
El texto da cumplimiento a una de las exigencias que Vox puso para sellar con el PP el acuerdo de coalición, en concreto, la que preveía "reivindicar" la "historia común", entendida para la formación de Santiago Abascal como "elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles", según han explicado los portavoces parlamentarios del PP, Raúl de la Hoz, y de Vox, Carlos Menéndez, en una rueda de prensa convocada en las Cortes de Castilla y León.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco anunció en abril de 2022, tras alcanzar el acuerdo de coalición con Vox, que su Gobierno iba a comenzar la tramitación de "una normativa en materia de concordia" que integraría "toda la regulación en la materia", como el actual Decreto de Memoria Histórica, pero no detalló cómo se vería afectado por esta integración.
Tras 2 años de negociaciones, finalmente han sido los grupos parlamentarios los que han presentado el texto como 'Proposición de Ley' y no el Gobierno regional como se avanzó en un principio.
"Dar el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas"
Al contrario que en la anterior norma, el decreto de 2018, el texto presentado por PP y Vox no recoge una condena expresa a lo ocurrido en el periodo comprendido entre 1936 y 1978, al tiempo que suprime -en la anterior norma está recogida- la palabra "dictadura" para referirse únicamente como Franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.
Preguntado por esta omisión, el portavoz de los populares ha indicado que la condena a la "dictadura" está "implícita" en el "espíritu del texto" y ha pedido "no buscar 3 pies al gato con interpretaciones malintencionadas" del texto presentado junto a sus socios de Vox.
Se trata de una norma cuyo objetivo, como ha explicado Menéndez, es "dar el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978", con lo que se amplían los años que se incluyeron en el Decreto de Memoria Democrática aprobado por la Junta en 2018 donde se acotaba a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y dejaba fuera a las de la II República. No obstante, Menéndez ha defendido el sentido de ampliar este periodo, ya que, a su juicio, "están interrelacionados historiográficamente".
Por su parte, Raúl de la Hoz ha dejado claro que la norma no equipara en ningún caso la II República con la Dictadura: "Nosotros no somos historiadores". Tras esta aclaración De la Hoz ha insistido en que "las víctimas son víctimas en todo caso".
"La vulneración de derechos humanos es vulneración de derechos humanos con independencia de dónde, cuándo y quién cometa esa vulneración", ha señalado, y ha insistido en que esta Proposición de Ley pone de manifiesto el compromiso de los de Abascal de cumplir con lo "prometido" y de "demostrar" su "utilidad" en los gobiernos de los que forma parte, tras lo que ha insistido en que se trata de un texto "bueno".
La proposición que han presentado, según Menéndez, es "un texto sin ideologías, que no divide y que respeta a todas las víctimas políticas sin diferenciar a las víctimas por sus victimarios, de tal manera que se da el mismo trato a todas las víctimas, y esto es algo que queremos remarcar", ha señalado Menéndez, quien ha reseñado:
"Se termina con una visión sesgada y sectaria de una parte de la historia, eliminando imposiciones ideológicas que intentan fijar una versión oficial de la historia, algo que consideramos que es impropio o incompatible con un régimen democrático y que por otro lado es propio de regímenes totalitarios".
La ley contempla la creación de una Comisión de Exhumaciones
Una de las novedades que incluye la Ley, que se espera que pueda aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones, es la creación de una Comisión de Exhumaciones que sustituye al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y que, tras la aprobación de esta norma, tendrá la capacidad de resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas de víctimas.
De este modo, al incluir esta competencia, se ha dejado fuera de la misma a las distintas asociaciones que antes sí formaban parte del Consejo.
Otra de las novedades es que se incluye el derecho subjetivo de todas las víctimas a la "investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos".
Composición de la norma
En cuanto al articulado de la norma, el Título I recoge el objeto y finalidad de la misma y sus principios generales, así como la concreción del régimen jurídico autonómico de las obligaciones que le son propias.
El Título II, contiene las medidas que adopta la Administración de la Comunidad de Castilla y León para su desarrollo, incidiendo en la necesidad de difundir los valores, libertades y derechos constitucionales desde sus orígenes a la actualidad, lo que constituye también una clara apuesta de convivencia para el futuro.
En este Título se recoge y reconoce el derecho a la recuperación de las personas desaparecidas y se establecen los instrumentos jurídicos necesarios a tal fin, como son el mapa de fosas o el derecho de acceso al patrimonio documental autonómico.
Por su parte, el Título III se refiere a todo el proceso de actuaciones públicas necesarias para la localización, exhumación e identificación de las víctimas.
El Título IV, por último, recoge la regulación de la Comisión de Exhumaciones como órgano colegiado, con funciones resolutorias de los expedientes en base a criterios estrictamente técnicos.
En la disposición derogatoria de esta Proposición de Ley se recoge la derogación de todas las disposiciones normativas en aquello que oponga o contradiga a lo dispuesto en la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León y en concreto, el Decreto 9/2018 de 12 de abril.
La Disposición final primera recoge la modificación de la Ley 4/2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas de terrorismo de Castilla y León con el objeto de incluir un Plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo.
PSOE: "No se puede igualar víctimas y verdugos"
El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que encabeza la oposición en las Cortes de Castilla y León ha acusado a Mañueco, de haber "resucitado el Franquismo" con la presentación de la proposición de ley pactada con Vox que en su opinión iguala a las víctimas y los verdugos de la dictadura y a quienes dieron el golpe de Estado y quienes defendieron la democracia.
"No se puede igualar víctimas y verdugos", ha sentenciado Tudanca en declaraciones a los periodistas durante su visita al municipio abulense de Arévalo, convencido de que "en sólo 6 años" el presidente de la Junta de Castilla y León "ha enterrado lo poco que quedaba del proyecto de derecha moderada del señor Juan Vicente Herrera", en referencia a que fue en su último gobierno (2018) cuando la actual normativa de Memoria Histórica y Democrática fue aprobada "para todos".
El líder del PSOE de Castilla y León ha citado al que fuera vicepresidente de la Junta en la etapa de Herrera, José Antonio de Santiago-Juárez, quien afirmó cuando presentó el Decreto de Memoria Histórica y Democrática que "no puede ser que 80 años después haya miles de desaparecidos, miles de víctimas en las cunetas en Castilla y León".
Sobre la reacción de su partido ante esta proposición de ley, Tudanca ha concretado que solicitarán a la Mesa de las Cortes que encargue un informe al Consejo Consultivo -donde actualmente es consejero el ex presidente Herrera- para dictaminar si esta normativa vulnera la legislación estatal y la legislación autonómica.
Además, ha adelantado que pedirán al Gobierno de España que, al igual que ha anunciado para el caso de Comunidad Valenciana, donde PP y Vox han presentado también una normativa similar, analice y, si hubiera base para ello, impugne esta legislación por vulnerar la Ley de Memoria Democrática estatal.
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