9 meses después de que Pedro Sánchez anunciara el Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción tras el estallido del 'caso Cerdán', el Consejo de Ministros ha aprobado las primeras medidas.
Con la Ley Orgánica de Integridad Pública el Ejecutivo busca que no se repitan conductas y confía en que entre en vigor antes de que finalice la legislatura.
Principales actuaciones
La vicepresidenta primera, María Jesus Montero, ha sido la encargada de detallar las claves principales de la nueva normativa, a la que ha calificado de "muy ambiciosa" ante el cambio que implica.
El texto aprobado en el Consejo de Ministros incluye un total de 84 medidas que modifican 18 normas, 6 de ellas leyes orgánicas.
Se incrementarán los controles en los fondos que reciben los partidos, aumentarán las condenas a las empresas involucradas en casos de corrupción y se modificarán los requisitos para la contratación pública; entre otros avances.
Montero ha detallado que será "público y accesible" el listado de empresas con prohibiciones para contratos con la administración pública y las penas de inhabilitación para ello por corrupción pasarán de 15 a 20 años.
En cuanto a la financiación de partidos, se endurecen los controles para las donaciones y las formaciones deberán de informar en un mes como máximo cuando las cantidades sean de más de 2.500 euros. Hasta la fecha solo tenían que informar si se sobrepasaban los 25.000 euros de donación.
También se obligará a los partidos a llevar a cabo auditorías independientes y se creará la Agencia Independiente de Integridad Pública.
La nueva normativa también propone el aumento del plazo para la prescripción de delitos relacionados con la corrupción y se trabajará para la recuperación del dinero defraudado.
El SMI y las ayudas a las zonas afectadas por las borrascas
Otras cuestiones relevantes que el Consejo de Ministros también ha aprobado son el incremento del salario mínimo y las ayudas para las zonas afectadas por los últimos temporales en Extremadura y Andalucía.
A través de un real decreto, el Ejecutivo ha ampliado a más de 7.000 millones de euros estas ayudas. Habrá ayudas directas para las familias afectadas y otra bolsa que se pondrá a disposición de las administraciones locales.
Además, estarán exentas de tributación, han corroborado.
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