El Defensor del Pueblo investiga la falta de plazas públicas de Formación Profesional en Madrid y Cataluña

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una investigación para recabar información de las consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid y Cataluña sobre las plazas ofertadas para estudiar Formación Profesional. Tras años de quejas por las dificultades para acceder estos estudios, la institución ha decidido emprender actuaciones de oficio.

¿Es inferior la oferta de plazas públicas en Formación Profesional a la demanda? Es lo que pretende dilucidar el Defensor del Pueblo, que investiga si las consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña ofrecen un número de plazas adecuado a la creciente demanda.

La Institución lleva años recibiendo quejas de personas que muestran su preocupación por las dificultades para acceder a estos estudios, y aunque el Defensor del Pueblo ha podido comprobar que "se ha producido un ligero aumento en la oferta de plazas, no ha sido suficiente para atender la demanda en algunas comunidades autónomas".Ante las quejas y las informaciones acaecidas en los medios, se ha activiado la alerta por el elevado número de alumnos no admitidos para el próximo curso en Cataluña y en la Comunidad de Madrid.

Critica que la promoción de la FP ha creado "falsas expectativas"

En opinión del Defensor, "las campañas promovidas para fomentar estas enseñanzas han generado falsas expectativas al no ir acompañadas de un incremento notable del número de grupos y de los cupos de profesorado para incrementar la oferta".

"En las últimas décadas, miles de jóvenes no han podido formarse en la enseñanza profesional pública y la falta de becas o ayudas tampoco les ha permitido hacerlo en el sector privado lo que ha derivado en que muchos abandonen el sistema educativo y queden en riesgo de exclusión social", ha afirmado Fernández Marugán.

A su juicio, "los desajustes entre los ciclos formativos ofertados, las necesidades del mercado laboral y las plazas disponibles para realizar estos estudios son un problema estructural".

El Defensor del Pueblo apuesta por "una adecuada planificación de la oferta pública que permita dar respuesta al aumento de demanda que se ha producido, entre otras razones, por la alta tasa de paro juvenil que hace que muchos jóvenes vuelvan al sistema educativo para lograr una formación postobligatoria que permita su inserción laboral".

La Institución considera que la Formación Profesional es clave para reducir el abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes al ofrecer opciones más variadas tanto de formación como de empleo. Según datos oficiales, en los últimos años el porcentaje de ofertas de empleo que solicitan titulados en FP sigue aumentado de manera imparable.

La tasa de empleabilidad se sitúa en el 42,2%, superando incluso a la tasa de los estudios universitarios, que se encuentra en el 38,5%. "Estas cifras deberían llevar a las administraciones educativas a reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional, y aumentar la oferta, tanto de ciclos formativos como del número de plazas en aquellas opciones profesionales con mayor demanda y proyección laboral", ha zanjado.

Precisamente esta semana, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de la Formación Profesional, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la ley sea validada en los últimos meses del año.