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"Canarias penaliza a quienes superan un proceso de oposición tan duro"

> La denuncia de los aprobados sin plaza en las oposiciones a docente

domingo 19 de agosto de 2018, 17:58h
El colectivo de opositores docentes que aprobaron el último proceso selectivo en Canarias denuncia que esta comunidad "sea la única del Estado en donde se penaliza a quienes superan un proceso de oposición tan duro y se les relega al final de las listas de empleo". El colectivo 'OPCAN' ha trasladado su denuncia a la Consejería de Educación canaria, así como a los partidos políticos del Parlamento regional, que se habrían comprometido a buscar fórmulas "que tengan en cuenta el mérito y la capacidad demostrados por los aprobados".
Examen de oposición
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Examen de oposición (Foto: Kike Rincón)
El colectivo de opositores docentes de Canarias explica que ha trasladado su reivindicación al director General de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno regional, a quien le han expuesto una comparativa con el resto de comunidades. Señalan que en otras comunidades se premia el esfuerzo y las aptitudes demostradas en los procesos selectivos menos en Canarias, en donde, "si no se buscan alternativas, se está relegando y excluyendo a quienes han obtenido muchas de las mejores notas en las últimas oposiciones".

Los opositores sin plaza afirman que Educación se ha comprometido a buscar, "junto a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, fórmulas que hagan posible que se tenga en cuenta el mérito y la capacidad demostrados por los aprobados para integrarlos conforme a las necesidades docentes que el propio sistema educativo canario demuestra".

Este coletivo ha contactado también con todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias, ya que "es en este órgano legislativo donde se decidió, añadiéndola como disposición transitoria a la Ley de Presupuestos, la no reordenación de la lista de empleo conforme al último proceso selectivo".

Según su comunicado, "PP, PODEMOS, Coalición Canaria y PSOE coinciden en afirmar que se trata de una medida injusta, tachada por todos los juristas que hemos consultado como inconstitucional y contraria a la legislación general respecto al acceso a la administración pública, pero que además perjudica seriamente a la calidad del sistema educativo de las islas al no considerarse el mérito y la capacidad como principales fundamentos de la valoración de los docentes".

El colectivo sostiene que "se trata de una decisión política, que puede y debe ser corregida también políticamente, más allá de lo que terminen dictaminando los tribunales de justicia".
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