La facción socialista del Gobierno ha descartado tocar la libre autodeterminación de género en la ley trans pero plantea "dudas" sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género y ha subrayado su intención de dotar con una mayor "seguridad jurídica" a la ley ante el PP y Vox y su previsible recurso ante el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho en 'TVE' que vive "con muchísima preocupación" el retraso en la norma, después de que el PSOE votase junto con el PP y Vox para ampliar el plazo de enmiendas parciales hasta el próximo miércoles.
Para Montero, los socialistas están poniendo "en riesgo" la aprobación de la ley antes de final de año y les ha advertido: "No vamos a consentir ningún retroceso en derechos".
En la entrevista, la ministra ha dejado entrever que desconoce qué enmiendas pretende incluir el Partido Socialista a la ley que ambos partidos pactaron en el seno de la coalición de gobierno y acordaron tramitar por la vía de urgencia.
"Es importante que el plazo de enmiendas se cierre y podamos conocer las diferentes enmiendas de los grupos", aseguró la dirigente de Unidas Podemos.
Montero ha asegurado que se ha reunido con los distintos grupos parlamentarios para hablar del calendario legislativo de las normas de su departamento, tanto la ley trans como la ley del aborto, pero ha insistido: "Cuando se acabe ese periodo, podremos ver qué enmiendas hay y nos pondremos a trabajar".
De cualquier forma, Irene Montero ha recalcado que quien le importa son "las personas trans y la comunidad LGTBI", a quienes ha trasladado el mensaje de que "sus derechos no pueden esperar por más tiempo y, por tanto, la ley va a ser ley".
"Todavía tenemos tiempo y nos vamos a dejar la piel y estará aprobada antes de fin de año", ha aseverado la ministra.
"No vamos a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en la ley", ha insistido la ministra, que ha recordado que hubo en 2019 "un gran consenso social y político" en el Congreso de los Diputados.
Por tanto, "vamos tarde. Los derechos de las personas trans no pueden esperar, tenemos una deuda con ellos y la vamos a saldar. Espero que podamos hacerlo antes de que acabe el año", incidió la dirigente morada.
También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo ayer que la 'ley trans' es "clave como la reforma laboral" y pide que se apruebe "lo antes posible".
Por eso, horas más tarde, los socialistas han confirmado que no modificarán la parte de autodeterminación de género, que es la clave principal de la ley y supone despatologizar a las personas trans, puesto que podrán cambiar de sexo registral ya sin informes médicos ni otros requisitos.
Los organismos internacionales aprueban el contenido de la ley
Esta parte, que va en línea con la OMS, el Consejo de Europa y la Sociedad Española de Psiquiatría, es con la que no está de acuerdo un sector del PSOE (como la ex vicepresidenta Carmen Calvo) y una parte del movimiento feminista, que cree que la ley "borra" a las mujeres y defiende el sexo biológico.
En cambio, lo que el PSOE si quiere matizar es el hecho de equiparar "ciertas violencias" con la de género y ha abogado por dotar de una mayor seguridad jurídica a esta ley: "Sabemos que acabará recurrida por el PP y sus socios de la ultraderecha en el Tribunal Constitucional".
Debido a que, en su artículo 65, el proyecto de ley contempla que cuando haya una condenado o una orden de protección por violencia familiar LGTBIfóbica o intragénero, en parejas LGTBI, las víctimas tendrán los mismo derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género.
Por eso el PSOE considera que el Poder Legislativo -el Congreso y el Senado- puede "mejorar" la ley y hacerla "más robusta" ante esos posibles "ataques" de los que son "verdaderos enemigos de los derechos de los colectivos".
Llop pide tener en cuenta la "perspectiva de la infancia"
Precisamente sobre estas cuestiones, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido que la futura ley debe reconocer los derechos de estas personas "con seguridad jurídica y sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de infancia".
En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Llop, como otros miembros del Gobierno y del PSOE, ha pedido no polemizar sobre el hecho de que se haya ampliado el plazo de presentación de enmiendas a la ley en el Congreso porque "la legislatura no va a terminar en una semana, hay todavía más de un año".
Respecto a la infancia, el proyecto pactado en el seno del Gobierno y remitido al Congreso establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
Ante el enfado de las asociaciones del colectivo LGTBI, de Unidas Podemos y del Ministerio de Igualdad por el retraso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han insistido también este jueves en que el objetivo es mejorar la norma con propuestas de consenso.
"Retrocesos evidentemente no se van a producir en ninguna tramitación legislativa; todo lo que se produce en el seno del Congreso tienen que ser avances, propuestas de consenso, de diálogo con el resto de formaciones políticas también", ha respondido a la ministra de Igualdad la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Y ha subrayado la necesidad de "ser sensibles", escuchar e incorporar todos los elementos que se consideren buenos para progresar en los derechos del colectivo.
En cambio, Bolaños ha situado en la normalidad la ampliación del plazo de enmiendas al asegurar que la función del Parlamento es mejorar las leyes, como ha ocurrido, ha dicho, con la Ley de Memoria Democrática que este jueves publica el BOE y que estuvo "durante meses" en tramitación.
"Eso ocurrirá con esta ley también, una tramitación parlamentaria para mejorar el texto y para, por supuesto, ampliar derechos que es en lo que está siempre el Gobierno y el Partido Socialista", ha concluido el portavoz.
Feijóo llama "frivolidad" a ley y se compromete a derogarla si gobierna
En el lado opuesto está el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que la ley trans es "una frivolidad" y se ha comprometido a derogarla si gobierna.
"La ley trans es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres, que afecta a los derechos de la infancia y que se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana", ha declarado a su llegada a la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra hoy en Bruselas. Y cree que el proyecto legislativo "no debe aprobarse en ningún caso".
"Si la ley trans, con el borrador que aprobó el Gobierno, se aprobase en el Congreso de los Diputados, tenemos el compromiso de derogarla en el caso de que tengamos los votos suficientes en la siguiente legislatura", ha zanjado el dirigente del PP.
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