El Gobierno está decidido a liderar el proceso de reforma del mercado eléctrico europeo y, para ello, enviará este martes a la Comisión Europea las líneas generales de su propuesta, cuyo debate está previsto en el seno de la Unión para la próxima primavera.
Impulsar las energías renovables y reducir la volatilidad de precios a través de, entre otros aspectos, la fijación de precios a largo plazo para la energía nuclear e hidráulica es el principal objetivo para evitar los actuales beneficios caídos del cielo de estas tecnologías.
La propuesta, que ha sido presentada este martes por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en el marco del Consejo de Ministros, pretende que "los consumidores de hoy se puedan beneficiar del menor coste de la energía del presente y el futuro que representan las renovables", desde el punto de vista de la "equidad", reduciendo la volatilidad del mercado y dando "estabilidad" a los inversores.
De esta forma, España es el primer país que envía a Bruselas una propuesta sobre la citada reforma, que desde el Gobierno esperan que esté resuelta para finales de 2024, el mismo plazo que se han marcado para poner fin a la llamada excepción ibérica, tal como adelantó este lunes la ministra y ha confirmado hoy en rueda de prensa.
"Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de la 'solución ibérica', que nos ha permitido ahorrar 4.500 millones de euros, esto es, unos 150 euros por familia", ha apuntado.
Con este nuevo sistema, que podría adaptarse a las necesidades de cada país, según fuentes del Ministerio, se obtendrá una mayor estabilidad del precio de la luz y se terminará con los beneficios extraordinarios, a la vez que favorecerá la inversión a largo plazo en proyectos renovables.
La ministra ha explicado que esta reforma es necesaria, ya no solo por la coyuntura desatada por la guerra en Ucrania, sino porque considera que el sistema (que fue diseñado hace 20 años) no está preparado para el futuro.
Y es que, a su juicio, el hecho de que la tecnología más cara sea la que fije el precio medio de la luz no tienen ningún sentido en las actuales circunstancias, en las que las renovables ganan cada vez más peso (entonces tenían una penetración del 10 % y actualmente llega hasta el 50 %).
Un precio fijo para nucleares e hidráulicas
Así, el Gobierno ha puesto sobre la mesa que la mayor parte de la energía que se consuma se fije a través de contratos a plazo establecidos desde un regulador público, lo que reduciría los riesgos de casar oferta y demanda a medio o largo plazo.
Por un lado, habría contratos a plazo de energía que funcionarían para tecnologías renovables, nucleares e hidráulicas. Se fijaría un precio fijo para un período largo. Si el precio del mercado diario es más bajo, las eléctricas devolverían lo cobrado de más, y si es más alto, se les abonaría la diferencia.
Este sistema funciona ya en las actuales subastas de renovables, pero es totalmente nuevo para nucleares e hidráulicas. En estos casos supondría sacar la energía que generan del mercado diario para regularla desde lo público. Y eso exige reformar el mercado interior europeo que ahora no lo permite.
Menor peso de los ciclos combinados de gas
También habría que cambiar normas europeas para aplicar el contrato a plazo de capacidad. Ahí entrarían ciclos combinados de gas o tecnologías de almacenamiento, así como la gestión de demanda: por ejemplo, pagar a grandes industrias dispuestas a parar para que la energía que consumen pueda ir a otra parte. En este caso, el organismo o regulador público pagaría lo fijado en contrato al que ofreciera seguridad de suministro, un respaldo para horas punta o momentos sin renovables.
Tanto renovables como ciclos combinados podrían optar por seguir vendiendo su energía en el mercado mayorista diario, donde el precio lo fija la última tecnología que se necesita para cubrir la demanda de cada momento. Pero el objetivo es que ese mercado marginalista negocie cada vez menos energía y, de esta manera, su volatilidad no afecte ya a la factura del consumidor.
Tal como ha señalado la vicepresidenta tercera, la propuesta no ha sido consensuada con ningún estado miembro, sino que ha nacido a iniciativa del Gobierno de España. Ahora llega el turno de Bruselas, que deberá analizarla y decidir si incluye alguno de estos puntos en la propuesta oficial que está previsto que presente en el mes de marzo.
Si (
No(
