La ejecución del fallo judicial contra el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya es una realidad. El Tribunal Supremo ha ratificado que deberá hacer frente al pago de una multa de 7.200 euros.
Además, deberá compensar económicamente a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por incurrir en un delito de revelación de datos reservados.
Asimismo, el Alto Tribunal ha remitido las actuaciones a la Inspección de la Fiscalía General con el fin de que se evalúen las consecuencias administrativas y el futuro profesional de García Ortiz en la carrera fiscal.
Movilización por el indulto y defensa de la UPF
Ante esta situación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), colectivo al que estuvo vinculado García Ortiz, ha salido públicamente en su defensa. La asociación no solo ha reiterado su convicción sobre la "inocencia" del exfiscal general, sino que ha dado un paso más al apoyar la campaña de recogida de firmas impulsada por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) para solicitar su indulto.
A través de un comunicado en redes sociales, la UPF manifestó: "Defenderemos la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los ámbitos. Respaldamos la petición de indulto de AEDIDH y agradecemos su iniciativa, animando a la sociedad a sumarse".
Previamente, esta asociación ya había calificado la sentencia de 2 años de inhabilitación como un "giro constitucionalmente letal", denunciando que se ha castigado al ex fiscal general sin que los hechos estuvieran debidamente probados.
"El Estado de derecho, en riesgo"
La AEDIDH fundamenta su petición de indulto en que España atraviesa un "momento delicado para el Estado de derecho". Según este organismo, la condena ha provocado una fractura institucional y ha sembrado dudas razonables sobre la equidad y el respeto a las garantías fundamentales en el proceso judicial.
La asociación sostiene que la actuación de García Ortiz no tuvo fines espurios: "No estamos ante un caso de corrupción o lucro personal, ni ante una malversación de caudales. Se trató de una respuesta institucional para desmentir un bulo que dañaba el prestigio de una institución constitucional, actuando siempre en favor del interés general".
Para la AEDIDH, existen 2 factores críticos que invalidan la justicia del fallo: Por un lado, la falta de unanimidad judicial y las debilidades procesales.
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