La Fiscalía de Barcelona solicitó el sobreseimiento de la causa abierta contra 2 miembros del Comité de Ética Asistencial que autorizaron la eutanasia de Noelia Castillo.
El Ministerio Público remitió esta petición a la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, tras no apreciar indicios de criminalidad en la actuación de los 2 profesionales, un médico y una jurista.
Ambos participaron en el proceso de muerte asistida del pasado jueves para la joven de 25 años.
La investigación judicial se originó a raíz de una querella presentada por Abogados Cristianos, que acusó a ambos especialistas de presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público.
Resoluciones judiciales previas
El Juzgado de Instrucción número 20 admitió a trámite la querella el 26 de marzo con el objetivo técnico de recabar testimonios y documentación de otros órganos judiciales. Sin embargo, la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona ya respaldó previamente la eutanasia de la joven en una resolución que posteriormente contó con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En dicho pronunciamiento, la jueza descartó cualquier irregularidad y afirmó que no se apreciaba indicio alguno de delito en la labor de los profesionales.
La magistrada del contencioso explicó que el informe de la dupla médico-jurista reflejó dudas legítimas por parte de la jurista sobre si el sufrimiento de la paciente cumplía estrictamente con los requisitos de ser grave, crónico e imposibilitante. Ante la complejidad del caso de Noelia, los miembros del comité decidieron elevar el asunto al pleno de la comisión evaluadora para dotar al proceso de mayores garantías jurídicas y clínicas. Esta decisión permitió que la autorización final fuera tomada por unanimidad por los 19 miembros que componen la CGAC.
Argumentos de la Fiscalía para el archivo
La postura de la Fiscalía de Barcelona coincidió con las conclusiones de las sentencias anteriores. El Ministerio Público consideró que la actuación de los querellados no vició la nulidad del procedimiento, sino que, al contrario, reforzó la seguridad jurídica de la decisión al someterla a un órgano colegiado superior.
La Fiscalía subrayó que la discrepancia inicial en la dupla no fue una simulación delictiva, sino una herramienta prevista para casos de difícil resolución técnica que acabó garantizando un escrutinio más riguroso de la solicitud de la paciente.
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