Fracasa la querella del PP contra el Fiscal General por el nombramiento de Dolores Delgado

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite y el archivo de la querella interpuesta por el PP contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En concreto, lo hace por no apreciar indicios de delito en su propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

En un auto, notificado hoy, la Sala concluye que en este caso no concurren los elementos de los delitos de prevaricación administrativa ni, subsidiariamente, de nombramiento ilegal que se relatan en la querella.

El querellante expone que el fiscal general del Estado realizó la propuesta de nombramiento de Delgado, apartándose del criterio del Consejo Fiscal que apoyó al otro candidato, con la finalidad de “pagar una deuda personal de gratitud” y “procurar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporara a la carrera fiscal en la más elevada categoría”.

De esa forma, según la querella, la propuesta de nombramiento era "arbitraria e injusta" y causaba un perjuicio a la función pública al atentar contra los principios de igualdad, mérito y capacidad, generando un descrédito de la función público, además de un perjuicio para otro miembro de la Carrera Fiscal que, a juicio del querellante, tenía más méritos para ser ascendido a esa plaza.

También recogía que estos hechos fueron examinados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que dictó una sentencia en la que constató la existencia de desviación de poder y ordenó la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la propuesta efectuada por el fiscal general del Estado para la cobertura de esta vacante.

Con posterioridad, el PP presentó un nuevo escrito, el 26 de marzo, para que se aclarara (requiriendo a la propia interesada o al Consejo Fiscal) si la teniente fiscal que firmó el informe en el que solicitó el archivo de la presente querella apoyó con su voto el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

Prevaricación administrativa

La Sala concluye que “la querella presentada no revela ningún indicio de criminalidad que justifique la apertura de un proceso penal”. En relación con el delito de prevaricación administrativa, advierte que el fiscal general del Estado no dictó ninguna resolución en los términos exigidos en el artículo 404 del Código Penal ya que hizo una propuesta y, por tanto, no concurre el elemento objetivo de este tipo legal.

El auto recuerda que en este caso el fiscal general “efectuó la propuesta de nombramiento de la Sra. Delgado para la cobertura de la vacante de Fiscal de Sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, pero carecía de poder decisorio sobre el nombramiento dado que dicha atribución correspondía al Consejo de Ministros”.

Señala que con este delito “no se pretende controlar la legalidad de la actuación de la Administración Pública, función que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, sino sancionar los supuestos más groseros en los que la actuación administrativa, además de ilegal, es injusta y arbitraria”.

Nombramiento ilegal

En cuanto al delito de nombramiento ilegal, el tribunal explica que estaremos ante un delito de este tipo, definido en el artículo 405 del Código Penal, cuando el nombramiento es ilegal por no concurrir en una persona los requisitos para servir ese puesto de trabajo, vulnerándose con ello una normativa de legalidad ordinaria.

El tribunal ha estado formado por el presidente de la Sala, Manuel Marchena (ponente), y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.

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