La Generalitat repetirá las oposiciones para los interinos que se celebraron el pasado fin de semana

La Generalitat repetirá todas las pruebas de oposiciones para interinos que tuvieron lugar el pasado sábado, dado que ha detectado incidencias relacionadas con el 99,7 % de las plazas afectadas, según ha explicado este jueves la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà.

Del total de 72 procesos, se han detectado incidencias graves implican la nulidad de los mismos en 67 (el 93 %), aunque los aspirantes interesados en estas pruebas fueron 12.965 (el 99,7 %).

Vilagrà, tras reunirse en el Palau de la Generalitat con representantes sindicales, ha explicado que la administración catalana rescindirá el contrato con la empresa Cegos, encargada de la logística de estas pruebas, y que ofrecerá una indemnización, todavía por cuantificar, a todos los aspirantes afectados.

Las pruebas se repetirán en 2 tandas, el 1 de julio y el 8 de julio, y en esta ocasión la organización la asumirá íntegramente la Generalitat.

Un total de 13.581 personas fueron convocadas para participar en las pruebas para pasar de interino a funcionario y cubrir 1.825 plazas, de las que algo más de 9.000 se examinaron en Barcelona, proceso que se enmarca en el objetivo de reducir el número de interinos hasta al 8%, frente el 35% actual.

Se detectaron "graves incidencias" en el proceso

Muchos aspirantes denunciaron el retraso en el inicio de las pruebas, de hasta 6 horas en algún caso, así como problemas de identificación y de calor. Además, advirtieron que algunas de las aulas donde se celebraban las pruebas estaban masificadas, lo que facilitaba que los aspirantes pudieran intercambiar opiniones sobre el examen e incluso que copiaran.

Durante el proceso, por primera vez externalizado se detectaron "graves incidencias" y ahora el Govern está analizando cómo solventar lo ocurrido.

El Gobierno catalán tiene un contrato con Cegos hasta el año 2024 por importe de 1,4 millones, y dado que la voluntad es rescindirlo, ahora están analizando cómo hacerlo o penalizar a la empresa que estuvo encargada, en la que ha "perdido totalmente la confianza", lo que está en manos del gabinete jurídico.

La Generalitat ha aducido que la externalización tenía sentido porque se realizaban 72 pruebas distintas a la vez, pero ahora, dado lo ocurrido, afirmó que el proceso lo asumirá la propia administración.