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Juan Carlos Campo
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Juan Carlos Campo (Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

Moncloa da luz verde a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

martes 24 de noviembre de 2020, 19:33h

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que adapta la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea, y establece el cambio de modelo por el cual la instrucción pasa del juez al fiscal.

El ministro de Justicia ha defendido que la reforma integral del proceso penal "es un ejercicio de coherencia institucional y cumple con el mandato de la Unión Europea". Campo ha señalado que la nueva ley gira en torno a tres ejes: la actualización del modelo de enjuiciamiento penal, la incorporación de herramientas de lucha contra la criminalidad y el reforzamiento de las garantías.

El ministro ha explicado los roles que introduce la reforma: la figura del fiscal investigador, que averigua los hechos criminales; la del juez de garantías, que tutela los derechos de los investigados; y la del juez de la Audiencia Preliminar, que decide sobre la conveniencia de abrir juicio oral y sobre qué pruebas son válidas.

En cuanto a la incorporación de nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad la norma supone un salto cualitativo en la actualización de nuestro ordenamiento jurídico penal, puesto que da regulación a las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática, así como la mejora de la regulación del ADN.

La reforma del proceso penal, impulsada por ambas normas, cumple dos objetivos. El primero es armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal. El segundo, es incorporar a nuestro ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo.

La aprobación del Reglamento de la Fiscalía Europea en 2017, constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español puesto que viene a introducir, por mandato directo de la Unión Europea, la figura del Fiscal Investigador en nuestro sistema jurídico. Es importante señalar que a la Fiscalía Europea, como órgano con personalidad jurídica propia, se le atribuyen, según señala el considerando 11 del Reglamento de la Fiscalía Europea, las funciones de "investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión".

El Anteproyecto refuerza las garantías y, especialmente, el papel central de la víctima en el proceso. A ésta el texto normativo le reconoce un estatuto propio, contemplando un amplio catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa a la norma procesal. En la misma línea, la nueva ley contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad.

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