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El Ministerio de Justicia ha dejado sin efecto en sólo 24 horas la instrucción enviada a los registros consulares sobre gestación subrogada en el extranjero que permitía el registro del recién nacido con una prueba de ADN prescindiendo de una sentencia judicial.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa. Delgado señala que en los últimos meses, "los medios de comunicación han divulgado numerosos casos de agresiones sexuales cometidos en el seno de congregaciones e instituciones religiosas, que, en muchos casos, han contribuido a la ocultación de esos delitos y a la protección de los victimarios".

> 'Moncloa.com' ha difundido los audios que prueban la relación entre ambos

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha coincido en, al menos, tres ocasiones con el ex comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre. Delgado ha admitido su relación con Villarejo después de que hayan salido a la luz los audios grabados durante una comida en Madrid en 2009, en la que ambos participaron. Los audios difundidos por el diario 'Moncloa.com' han obligado al Ministerio a cambiar su versión, al tiempo que han confirmado que Delgado comparecerá en el Congreso. Ciudadanos reclama explicaciones a la ministra, mientras el PP pide su dimisión "por haber mentido" y planteará su reprobación en el Senado.

La comisión que estudiará la revisión de los delitos sexuales para una posible reforma del Código Penal estará compuesta por 15 mujeres y 13 hombres. La conocida como 'comisión Catalá' surge de la indignación desatada con la sentencia de 'La Manada', que condenó por abusos sexuales y no por violación a los 5 acusados. Desde que se dictó la sentencia, no han cesado las protestas sociales y políticas, por lo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá propuso una revisión de la tipificación de los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal de 1995.

El Ministerio de Justicia ha convocado un total de 1.593 plazas para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la Administración de Justicia que se desglosan como siguen:

El director general para la Memoria Histórica, Francisco Martínez ha reclamado a los presidentes autonómicos que actualicen el mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo de forma "inmediata". Aunque el Gobierno ya no cuenta con los 15 millones que pensaba destinar al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, está decidido llevar a cabo el plan estatal de exhumaciones, que requiere contar con un mapa de fosas actualizado.

En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 ayuntamientos españoles que eliminen los vestigios del franquismo que todavía puedan quedar en espacios públicos de sus respectivos municipios. Al menos 1.171 calles y plazas españolas conservan nombres de figuras del franquismo y otros 19 cuentan con simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.

El Gobierno asegura que hace días puso en marcha los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, con "total diligencia" en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente.

El Consejo de Ministros ha aprobado modificar el Código Penal para ampliar los supuestos delictivos a los que se aplica la pena de prisión permanente revisable. A pesar de la polémica que suscita esta pena, el Gobierno ha decidido sumar 5 delitos a los ya establecidos, de forma que asciende a 13 la cifra de supuestos contemplados. Los nuevos delitos a los que se podrá aplicar esta pena son: asesinato cuando se impida u obstruya la recuperación del cadáver a los familiares, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.