El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido este martes con
los representantes del sindicato de funcionarios CSIF, y ha anunciado
que el la paralización de la idea de encomendar a los registradores de
la propiedad y mercantiles la gestión del Registro Civil es definitiva y
que por ello derogará tres leyes y ampliará el plazo dado por la Ley
para desjudicializar estos órganos -que concluía el próximo 15 de
julio-, hasta finales de 2016.
Así lo han manifestado fuentes del CSIF presentes en la reunión, que han concretado que las normas que serán próximamente derogadas vía enmienda serán el Real Decreto 8/2014 que atribuyó los Registros Civiles a los registradores; la Ley 18/2014 que convalidó dicho decreto y lo señalado en la norma sobre concesión de nacionalidad a sefardíes que atribuía dichas funciones a los notarios.
La idea transmitida por el Ministerio, según las mismas fuentes, es que el anuncio realizado el pasado viernes por el ministro no supone un frenazo temporal a la reforma, sino que es definitivo con el objetivo de "partir desde cero" y buscar alternativas de consenso para lograr cumplir con la Ley que obliga a liberar a los jueces de las funciones que hoy cumplen en los registros civiles.
Fuentes del CSIF han señalado que su valoración sobre el "talante" mostrado por el titular de Justicia en este asunto es muy positiva porque se parte de la idea del diálogo para buscar una solución a la ampliación de la Ley aprobada por todos los grupos en 2011.
Según se les ha trasladado durante la reunión, los jueces dejarán de llevar los Registros tal y como marca dicha Ley, pero se buscarán soluciones en colectivos como los secretarios judiciales, los secretarios de ayuntamientos y los propios funcionarios de Justicia.
Ello supone un "triunfo" de las posiciones defendidas desde un principio por los miembros de este sindicato, el de mayor arraigo en la Administración de Justicia, por lo que dan la "bienvenida" a esta nueva posición del Ejecutivo.
El pasado viernes Catalá ya remarcó que el Gobierno no iba a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. "Abandonamos la idea de reformar la ley con caracter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", señaló el ministro tras explicar que había transmitido al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada por las "discrepancias" con este colectivo y la "crítica" y "oposición importante" por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos.
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