El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 965 euros y la prórroga de los ERTE hasta febrero

El último Consejo de Ministros de septiembre ha dado luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional a 965 euros desde el 1 de enero de 2022, así como a la prórroga de los ERTE en dos fases hasta el 28 de febrero del año que viene. Si bien en el caso de los ERTE, el Gobierno ha logrado un acuerdo con la patronal y los sindicatos, el aumento del salario mínimo solo ha recibido el respaldo sindical. Además, el Ejecutivo ha anunciado unos ERTE específicos para La Palma y Canarias por la erupción volcánica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado la subida del salario mínimo a 965 euros, con el objetivo de que, al final de la legislatura, en 2023, alcance el 60% del salario medio en España, cumpliendo así con la Carta Social Europea. Esta senda comenzó en 2019 con la primera subida, de un 22,3%, hasta los 900 euros. En 2020 y 2021, se fijó en 950 euros y ahora se incrementa otros 15 euros. En total, el SMI ha subido 229 euros desde 2019, un 31%. Desde el 1 de enero del año que viene, se sitúa en 965 euros.

"Hasta la fecha la subida ha supuesto la reducción de la brecha de género en dos puntos y que mujeres y jóvenes, los más afectados por perfiles salariales bajos, hayan visto mejoradas sus rentas. Subir el SMI no es hablar de economía financiera ni paraísos fiscales, es hablar de pequeñas rentas que se van a aplicar en nuestros barrios y que van a llegar a la gente normal y a la economía real, y por eso es tan importante", ha defendido la titular de Trabajo.

Prórroga de los ERTE: todas las claves

Tras el acuerdo 'in extremis' con las organizaciones sindicales y patronales, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga de los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado que es el sexto Real Decreto acordado desde el inicio de la pandemia para proteger el empleo y el tejido productivo. Según ha dicho, en un primer momento los ERTE se centraron en la protección de los trabajadores afectados, mientras que ahora deben incidir en la activación del empleo.

La norma establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus condiciones actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, contempla nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, en este caso ligadas a la formación como mecanismo para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y minimizar el desempleo.

El ministro ha explicado que las empresas tendrán unas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social que alcanzarán el 80% si realizan acciones formativas.

Díaz ha señalado que esta vinculación de los ERTES a la formación permitirá mejorar la cualificación de los trabajadores y responder a las necesidades derivadas del cambio de modelo productivo, la transformación digital, tecnológica y de transición justa. Este nuevo mecanismo, ha dicho, anticipa el resultado final de la reforma laboral que está definiendo la Mesa de Diálogo Social, y que está previsto que se culmine antes del 31 de diciembre.

"Las empresas que hoy se sujeten a este Real Decreto, en cuanto se publique la reforma laboral, tendrán que modificar los términos y acogerse al nuevo artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que ya quedará con carácter estructural", ha explicado la ministra.

Respecto a los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad se mantienen y podrán solicitarse por restricciones administrativas asociadas al COVID-19, según ha indicado Escrivá, quien considera que no serán habituales.

Además, se prorroga hasta diciembre del próximo año el 'Contador 0', es decir, lo cobrado durante el ERTE no restará a lo acumulado en la prestación por desempleo.

El ministro Escrivá ha confirmado que habrá un ERTE específico para el conjunto de las empresas Canarias afectadas por la erupción volcán en La Palma, cuyos porcentajes de exoneración serán del 100% en caso de impedimento y del 90% en caso de limitación de actividad. La ministra de Trabajo ha precisado que inicialmente se ha iniciado su vigencia hasta el 28 de febrero, con posibilidad de prórroga. Además, ha avanzado la aprobación de un plan de empleo y formación específico para La Palma y Canarias.

Los trabajadores fijos-discontinuos del sector turístico, especialmente en Baleares, podrán acceder a una prestación extraordinaria. Yolanda Díaz ha señalado que la temporada turística de este año, todavía afectada por la pandemia, no ha permitido a muchos de ellos obtener el tiempo de cotización suficiente para poder devengar prestaciones sociales o acceder a mecanismos de protección social.

Extensión de las ayudas para los autónomos

Escrivá ha incidido en que, en el caso de los autónomos, el Ejecutivo está protegiendo no solamente las situaciones de impedimento y limitación sino también de caída fuerte de ingresos. "Vamos a posibilitar una transición suave a su activación final manteniendo las exoneraciones a las cuotas a la Seguridad social con un perfil decreciente en el tiempo hasta el mes de enero", ha dicho.

Se mantienen las cuatro modalidades de protección existentes para los autónomos con rentas más bajas o caídas de ingresos muy fuertes para quienes todavía no puedan desarrollar su actividad con normalidad.

La norma aprobada hoy establece una prestación específica para los autónomos que se vean obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica en La Palma. El ministro ha subrayado que en este caso no necesitarán cumplir el requisito de periodo mínimo de cotización de 12 meses para acogerse a la medida.