El Consejo de Ministros ha sacado este martes un real decreto para facilitar el acceso al registro central de delincuentes sexuales, la herramienta con información no pública que permite conocer si alguien tiene antecedentes penales por delitos sexuales y evitar así que pueda trabajar en contacto con menores de edad. La reforma va a permitir que empresas, instituciones, ONG o colegios profesionales puedan tener en tiempo real el certificado con la información más actualizada, con la autorización del trabajador.
Puede ir al registro, que existe desde 2016, cualquier persona que necesite un certificado que lo declare limpio de antecedente para trabajar con menores, como profesores, monitores o entrenadores, pero hace poco se habían visto casos de personas que ya estaban trabajando con menores y luego cometían delitos sexuales.
En adelante, se incluirá también a personas condenadas por delitos de trata de seres humanos, según ha señalado en rueda de prensa en la Moncloa el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha indicado que el objetivo es que exista un control "efectivo y periódico" de los antecedentes para conseguir que los condenados no trabajan en contacto con menores.
Cambios en la edad de acceso y en el trámite en lenguas europeas
La reforma va a permitir también qué personas de entre 16 y 18 años, que en muchas ocasiones tienen trabajos de verano como monitores o socorristas, puedan pedir directamente el certificado al registro, sin necesidad de pasar por sus padres o tutores.
Asimismo, se van a agilizar los trámites para que el interesado, si es nacional o de un país de la Unión Europea, obtenga el certificado español y el de su país de origen en ese mismo trámite, ya que se conectará el registro español con los europeos. Va a contar con ambos certificados en cuestión de minutos, cuando antes se podía alargar incluso meses para lograr el documento extranjero, ha asegurado Bolaños.
Según ha comentado, en cualquier caso, se va a aplicar el régimen de cancelación de antecedentes penales que rige en España, ya que existen países en los que no se cancelan nunca o muy tarde.
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