El Gobierno lanza esta semana la Ley de Memoria Democrática, que va más allá de la anterior de Memoria Histórica

El Gobierno va a presentar este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de Memoria Democrática, que va más allá de la anterior de Memoria Histórica.

Según revela el digital 'eldiario.es', ilegalizará la Fundación del Valle de los Caídos, se expulsará a los frailes del lugar y se declararán nulas las condenas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Se tratará de una renovación respecto a la ley de Memoria Histórica de los tiempos de Zapatero, que cumple ya 14 años. La mejorará y ampliará, e intenta fortalecer los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales.

También se quiere mejorar el reconocimiento de las víctimas del franquismo y el golpe de 1936, como reparación moral y la recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva.

Valle de los Caídos

El siempre polémico lugar del Valle de los Caídos será considerado un espacio fundamental para la Memoria Histórica.

Para empezar, se permitirá y facilitará recuperar restos de familiares allí enterrados, y se extinguirá la vida de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dejando sin soporte legal a los frailes que viven y controlan el lugar.

Este punto, más complejo, se realizará mediante un Real Decreto "paralelo" a la ley de Memoria Democrática, han explicado a 'eldiario.es'. Ese decreto gubernamental regulará la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle.

Reparación a las víctimas

La fundación de ese nombre dejará de percibir los 340.000 euros que recibía al año de Patrimonio Nacional, explica esta información, y la congregación benedictina que controla el lugar dejará de tener competencias, aunque se retrasará su expulsión, a falta de un acuerdo con la Iglesia española para su reubicación.

Como motivo de extinción de esta fundación, el Gobierno se basará en informes judiciales que constatan la apología del franquismo y la humillación de las víctimas.

Al parecer, una base fundamental para esta ley será el soporte del informe del Relator de la ONU Pablo de Greiff, de 2014, que denunciaba que España "hacía poco y mal en lo que respecta la búsqueda de la verdad y la justicia sobre la dictadura franquista y por la reparación a las víctimas, y denunció que nunca hubo una política de Estado en materia de verdad, ni existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento", explica 'eldiario.es'.