El Gobierno salva el decreto 'ómnibus' y el plan anticrisis gracias a Junts pero Podemos tumba el de desempleo. En segunda votación se deshace el empate inicial y queda convalidado el decreto de las medidas anticrisis tras la votación de 350 diputados: 172 votos a favor, 171 en contra y 7 abstenciones.
Junts se ha abstenido en la votación de los 3 reales decretos tras alcanzar un acuerdo con el PSOE para suprimir el artículo 43.bis de la ley de Enjuiciamiento Civil, que el partido catalán consideraba que suponía una "amenaza a la viabilidad de la ley de amnistía".
El Ejecutivo ha logrado sacar adelante 2 de 3, después de que los 7 diputados de Junts no hayan participado en la votación. El partido que lidera Carles Puigdemont había anunciado inicialmente su voto en contra de los 3 decretos del Gobierno de coalición.
Poco después, la formación independentista ha lanzado un comunicado en el que explican que se eliminará el artículo 43.bis, en el que se establecía que cuando un magistrado presentase cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, se paralizarían los procesos judiciales hasta que dicho órgano se pronuncie sobre cómo aplicar el derecho comunitario.
Otras concesiones
También han pactado modificar la ley de sociedades con el objetivo de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña, establecer un tipo 0 en el IVA del aceite (que pasaría a ser considerado alimento esencial) y traspasar las competencias de inmigración a la Generalitat.
La delegación integral de estas competencias, según explican, se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña. Una delegación que según Junts irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a la región hacer una política integral.
Por otro lado, desde la formación independentista aseguran que el pacto alcanzado con el PSOE incluye también quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia en Cataluña, que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones.
Además, el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público y reconocen también los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
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