El Gobierno ha presentado en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2022, con los que espera dejar atrás la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus y emprender "la recuperación justa". Las cuentas recogen un histórico gasto social, seis de cada diez euros, y se centran en la inversión, el acceso a la vivienda, el paro juvenil, el crecimiento de las empresas, la cohesión territorial y social, así como la transición ecológica y digital. Entre las principales novedades destaca la fijación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, así como la reducción a la mitad de la bonificación fiscal a las empresas que se dedican al alquiler de viviendas.
Con la entrega de los Presupuestos en la Cámara baja, comienza el proceso de su tramitación, y se espera que la votación de las cuentas se celebre a finales de noviembre.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que los Presupuestos abordan de manera prioritaria, como el acceso a la vivienda o el paro, con partidas por valor de 12.550 millones de euros para el segmento de población más joven, prácticamente el doble que en 2021.
Las claves de los Presupuestos: vivienda, paro juvenil e inversión
En materia de vivienda, se incrementa la dotación un 46%, hasta los 3.295 millones de euros, cifra en la que se incluyen los 500 millones de euros destinados a incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento a precio asequible y los 200 millones para el bono joven para el alquiler.
En cuanto al empleo juvenil, se incorporan las inversiones en mejorar la capacitación de los estudiantes, con un presupuesto en Educación que supera por primera vez los 5.000 millones de euros, el 44% del mismo (2.199 millones, la mayor cifra histórica) destinado para becas. A éstas se unen las que pondrá en marcha el Ministerio de Justicia para las personas aspirantes a la judicatura, la fiscalía, la abogacía del Estado o la Administración de Justicia. También se incluyen medidas contra el abandono escolar temprano, la mejora de los resultados educativos y el fomento de la equidad y la calidad del sistema educativo, como la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de infantil de titularidad pública o las al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades.
Otro de los retos a los que se enfrenta España, y que también abordan los Presupuestos, es la mejora de la productividad, la competitividad y el tamaño de las empresas. El Plan de Impulso a la Pyme está dotado con 2.140 millones procedentes de los fondos europeos.
Las cuentas públicas para 2022 incluyen, asimismo, la mayor partida de la historia en Investigación, Desarrollo e Innovación y Digitalización: son 13.298 millones de euros, casi el doble que hace dos años. Están previstas medidas para atraer y retener el talento y para mejorar las condiciones laborales de los investigadores.
Los Presupuestos del próximo ejercicio contemplan una inversión pública récord de 40.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,6% interanual. El objetivo: sentar las bases de un nuevo modelo productivo para que España sea más competitiva.
En políticas energéticas se invierten 3.817 millones de euros, que incluyen la ampliación del bono social térmico, los 445 millones de apoyo al vehículo eléctrico, los 630 millones para el desarrollo de energías renovables innovadoras; los 555 millones para hacer de España un referente en hidrógeno renovable; o los 435 millones para transformar los edificios de la Administración y hacerlos más eficientes.
Los fondos europeos que corresponden a España en 2022, los 27.633 millones de euros, se destinan en prácticamente un 90% a inversiones. Las comunidades recibirán 8.712 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (a los que hay que sumar los 2.000 millones que suponen la partida correspondiente a 2022 del fondo REACT), y los Ayuntamientos, otros 2.050 millones. Sectorialmente, los destinos más relevantes de los fondos europeos son política industrial (3.184 millones); rehabilitación de vivienda (2.839 millones); plan de choque de movilidad sostenible (2.184 millones); e impulso a la pyme (2.140 millones).
Las medidas para ahondar en la cohesión social son, junto a la inversión, las grandes protagonistas de las cuentas públicas. La inversión social alcanza los 240.375 millones de euros en el Presupuesto nacional -seis de cada diez euros de gasto-, cifra que llega a los 248.391 millones cuando se incorporan los fondos europeos.
El Ministerio de Sanidad vaya a contar en su Presupuesto nacional con el triple de recursos para vacunas, atención primaria, ampliar los servicios de salud bucodental o para poner en marcha un nuevo plan de salud mental. Además, el gasto en dependencia se incrementa un 23,3%, dotando con 400 millones más el nivel mínimo y con más de 200 millones adicionales el nivel acordado, todo ello para que las Comunidades Autónomas mejoren las prestaciones y reduzcan la lista de espera.
La partida para las pensiones aumenta un 4,8%, lo que cubre la revalorización de las pensiones contributivas con la media de IPC que se registre en noviembre y la subida del 3% que tendrán las mínimas y no contributivas.
Para protección social se contemplan 4.436 millones que financiarán el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones. A ello hay que sumar la protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales, políticas que se dotan con 199 millones de euros, lo que supone un incremento de 40 millones, especialmente dirigido a impulsar el desarrollo de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y también la partida para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se dota con 7 millones más, para alcanzar los 35 millones.
Las políticas de igualdad de género cuentan con el mayor presupuesto de su historia, que supera los 500 millones de euros, tras crecer un 14% respecto a 2021. Algunas de sus partidas más relevantes son el programa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que contará con 225 millones; el Plan Corresponsables, que se dota con 190 millones; y las políticas para prevenir la violencia de género rebasan los 200 millones de euros por primera vez.
Aumento en la recaudación tributaria y pasos hacia la reforma fiscal
La ministra de Hacienda y Función Pública ha explicado que el cuadro macroeconómico refleja mejoras en el mercado de trabajo, en el consumo y en la inversión y todo ello se traduce en un incremento de la recaudación tributaria. En concreto, se prevé un aumento de los ingresos fiscales del 8,1% en 2022, una cifra prudente si se tiene en cuenta que en 2021 el crecimiento previsto es inferior al de 2022 y este ejercicio la recaudación cerrará con una mejora del 10,8%.
Montero ha detallado las previsiones de recaudación por figuras fiscales. Así, los ingresos por IRPF alcanzarán los 100.132 millones de euros, lo que supone un ascenso del 6,7%, debido al aumento de las rentas de las familias como consecuencia de la creación de empleo y la mejora de los salarios. A ello hay que sumar que la declaración anual de IRPF de 2021 que se presentará a partir del próximo junio incorporará los efectos de la subida de los tramos más elevados de las rentas del trabajo y del capital que se incluyeron en los PGE de 2021.
El IVA mejorará su resultado un 9,5%, hasta los 75.651 millones de euros, debido al aumento del consumo.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se espera que la recaudación llegue a los 24.477 millones, lo que supone una subida del 11,8%. Ello, por tres razones: la mejora de los beneficios empresariales, las menores devoluciones y por la medida que se aprobó el año pasado por la que se limitaba al 95% la exención por dividendos y plusvalías y cuyo mayor efecto se verá en la presentación de la declaración anual que se realizará en 2022.
Los Impuestos Especiales, por su parte, registrarán una subida de los ingresos del 8,2%, hasta los 21.843 millones de euros. Dentro de éstos, el Impuesto sobre Hidrocarburos, que representa la mitad de la recaudación, registrará un avance de su rendimiento del 7%, hasta los 12.418 millones.
Las previsiones también recogen un aumento de la recaudación del impuesto sobre la electricidad de 400 millones: es un tributo que ingresan en su totalidad las Comunidades Autónomas y que se ha rebajado en 2021 para mitigar los efectos de la subida del precio de la energía en la factura. La estimación de ingresos se ha realizado con la legislación vigente, pero la ministra ha afirmado que se pueden tomar nuevas decisiones fiscales si se considera necesario en el futuro, ya que los Presupuestos cuentan con margen para ello.
La ministra ha recordado que se ha constituido un comité de personas expertas para la reforma fiscal que entregará sus conclusiones en febrero. Por ello, ha señalado que las cuentas recogen tres novedades tributarias.
La primera novedad fiscal a la que se ha referido ha sido el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las empresas con facturación superior a 20 millones de euros o que constituyen un grupo consolidado. Montero ha celebrado el acuerdo alcanzado por 136 países para impulsar una tributación mínima global del 15% y acabar con la competencia desleal que sufren las pymes en comparación con las grandes corporaciones.
Como ingrediente para lograr una tributación mínima efectiva del 15% también de las empresas que se dedican al alquiler de viviendas, los Presupuestos incluyen la reducción de la bonificación de las rentas, que pasa del 85% al 40%. Es una medida que se incluye en la futura Ley de Vivienda y que se incorpora ya en las cuentas.
En total, con los cambios en Sociedades, el Estado ingresará 421 millones de euros más.
En segundo lugar, los Presupuestos incluyen la limitación a 1.500 euros de la reducción por aportaciones a planes de pensiones que figuran en el IRPF desde los 2.000 euros actuales. Este beneficio fiscal es muy discutido tanto por la Comisión Europea como por la AIReF por su carácter regresivo y por primar un tipo de vehículos de ahorro sobre otros.
También en el capítulo del ahorro previsor, se refuerza el incentivo fiscal para los planes de empleo: el límite para la empresa se eleva hasta los 8.500 euros, mientras que el umbral conjunto (empresa y trabajador) se mantiene en los 10.000 euros. Además, como novedad, se le da la opción al trabajador de igualar su aportación a la de la empresa, sin que la suma de las dos supere los 8.500 euros.
En tercer lugar, se prorrogan los límites actuales que permiten tributar por el sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta y en el IVA, una medida que se toma en beneficio de los autónomos. Se beneficiarán 62.905 declarantes del IRPF y 73.935 contribuyentes del IVA. Ahorrarán 114,7 millones de euros.
Por último, se incorporará un epígrafe específico en el Impuesto sobre Actividades Económicas para periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación, en respuesta a la petición de las asociaciones profesionales.
La titular de Hacienda se ha referido también al compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. De esta manera, la Agencia Tributaria tendrá un presupuesto cercano a los 1.700 millones de euros, el mayor registrado hasta la fecha. Además, su plantilla se reforzará con 1.043 efectivos más.
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