El Consejo de Ministros ha dado su aprobación este martes a un anteproyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 con el objetivo de "democratizar" el acceso y promover la transparencia.
El plan propone sobre todo cambios en las oposiciones de juez y fiscal, subiendo el número de plazas y de becas, metiendo un nuevo examen escrito y colocando un centro público de preparación con delegaciones en cada territorio y un registro público de formadores, entre otras medidas. Esta decisión aparece después de la polémica levantada por la actuación del juez Carretero en el juicio contra Íñigo Errejón en su interrogatorio a la víctima, Elisa Mouliaá.
Así lo ha asegurado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, quien la ha calificado como "la mayor transformación en décadas de la justicia" y un "avance esencial" para la modernización de este servicio público.
El anteproyecto cuenta con el consenso de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición y ahora pasa a consulta pública, en el que "escucharán a todo el mundo", ha indicado Bolaños, después de ser preguntado por un posible malestar en el seno del poder judicial por la reforma: "Todas las mejoras que se puedan hacer las estudiaremos", ha subrayado.
Fuentes de Sumar se han mostrado felices por la aprobación de la iniciativa, ya que contiene muchas reivindicaciones de Sumar acordadas con el PSOE en el marco de la negociación del Plan de Acción por la Democracia entre el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el propio Bolaños. "Hay que democratizar el acceso a la carrera judicial con medidas profundas. Desde Sumar seguiremos haciéndolo, también en el Congreso", han manifestado.
Becas de al menos el SMI y durante 4 años
Entre las medidas promovidas, la reforma coloca un sistema de becas para opositores por una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) durante 4 años, que en estos momentos se queda en 1.134 euros en 14 pagas y el Gobierno quiere aumentar unos 50 euros más al mes este año. "No puede ser un impedimento la renta baja. Si te esfuerzas, puedes ser juez, puedes ser magistrado, puedes ser fiscal", ha señalado el ministro.
A su vez, el anteproyecto establece que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio, para que los aspirantes puedan ir a estudiar y cantar sus temas durante el proceso de preparación. Y prevé poner también en marcha un registro público de jueces y magistrados que hagan de preparadores.
Nueva prueba escrita basada en un caso práctico
En su intervención, Bolaños ha criticado que el proceso de oposiciones no tenga un ejercicio escrito, pese a que el trabajo se basa sobre todo en escribir. Por este motivo, el ministro ha asegurado que van a cambiar una de las pruebas orales del proceso por una escrita basada en un caso práctico, en el que "se valorará la capacidad de escribir y relacionar conceptos jurídicos".
Además de esa prueba existirá un examen tipo test y una prueba oral, hasta este momento eran dos pruebas orales.
Asimismo, para quienes se metan por el cuarto turno (que implica que juristas de reconocida competencia que tienen más de 10 años de ejercicio profesional puedan acceder a la carrera judicial), primero van a realizar el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se van a valorar los méritos profesionales. Los dos ejercicios escritos serán anónimos, ha indicado Bolaños, para que "se garantice la igualdad de oportunidades".
Más jueces y fiscales
También en el cuarto turno, desde el Gobierno quieren regularlo, con el objetivo de que cada vez que se convoque el turno libre se convoque también el concurso oposición. "Así se garantiza que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia", ha comentado.
Bolaños ha dicho que se van a ampliar el numero de fiscales y jueces en nuestro país, con el fin de que "haya efectivos suficientes para que la justicia sea ágil y los ciudadanos tengan tener derecho a una resolución judicial". Y, con ello, se va a mejorar la especialización de jueces y magistrados, sobre todo en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer.
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