El Gobierno vuelve a dejar en suspenso la votación de la reforma fiscal, una de sus propuestas clave, en el Congreso para evitar una derrota casi segura. Apenas media hora antes del momento en el que estaba fijado el comienzo de la comisión que tenía que votar este jueves esa norma, PSOE y Sumar han decidido aplazarla hasta el próximo lunes para tratar de lograr lo que no han conseguido hasta el momento: pasar por encima de los vetos cruzados de sus socios parlamentarios de izquierdas y de derechas en torno, principalmente, a la extensión del impuesto a las empresas energéticas.
Es la segunda vez en apenas una semana que el Ejecutivo se ve en la obligación de retrasar la votación, puesto que, en un principio, estaba prevista para el pasado lunes.
Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV, ha hablado de "un caramelo envenenado" al referirse a la extraña situación en la que se ha visto metido el Gobierno de coalición en los pasados días al tratar de aprovechar la ratificación de una normativa europea sobre la tributación mínima del 15% para las multinacionales que operan en los países de la UE y meter en ese proyecto varias de las reformas fiscales del gusto o interés de sus diversos socios. En ese proceso el PSOE y el Ministerio de Hacienda que lidera la vicepresidenta María Jesús Montero se han dado de bruces con la cruda realidad de que muchas de las enmiendas pactadas y cerradas en un primer momento con el PNV y Junts eran casi opuestas a las que luego querían introducir Sumar, ERC, EH Bildu o el BNG.
Ese puzle es el que continúa sin resolver el Gobierno. Los socios de izquierda buscan, sobre todo, conseguir que los nuevos impuestos temporales que se metieron durante la crisis a la banca y las grandes energéticas y eléctricas se vayan a quedar de manera fija, así como otras demandas, algo a lo que se oponen con rotundidad desde Junts y que el PNV había asumido sin estar muy convencido a cambio de un consenso que, hasta el momento, parece imposible.
El PP hizo incluso un amago de dar su apoyo a la reforma para dejar en evidencia las debilidades del Gobierno, pero en el PSOE decidieron aplazar la sesión para buscar esos votos de los socios hasta la última hora. El pleno que debe ratificar esa norma y que tendría que entrar en vigor antes de que acabe el 2024 y Bruselas pueda imponer sanciones a España tendría que celebrarse el jueves que viene.
El PSOE y Sumar han estado varias semanas negociando varios aspectos de un nuevo paquete fiscal como un primer paso para sus contactos para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que ahora se han convertido en claves para afrontar la reconstrucción en Valencia después de la dana, y al final la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Sumar, anunció el acuerdo el pasado lunes.
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