Iglesias insiste en que el "escándalo" de lo ocurrido en las residencias es responsabilidad de las comunidades autónomas

El vicepresidente segundo de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha considerado 'objetivamente escandalosa' la situación en las residencias de mayores donde el coronavirus ha dejado unas altísimas tasas de letalidad. "El asunto es grave", lamentó. "Hay cosas que se tienen que terminar de saber", añadió.

"Es escandaloso que se diera la orden [de no admitir en los hospitales a los ancianos procedentes de residencias] con hasta cuatro correos electrónicos y decir que se enviaron por error", criticó Iglesias al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se refería así a las últimas informaciones aparecidas sobre el tema y a las explicaciones que desde la Comunidad de Madrid se han ido dando sobre una supuesta orden -borrador sin aplicación, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero- que discriminaba a las personas para decidir sobre su derivación hospitalaria.

En varias ocasiones, Iglesias insistió en que ha sido el propio consejero de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, concretamente el de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), quien denunció la inmoralidad de lo ocurrido alertando de las posibles consecuencias legales.

"Creo que es evidente que esas órdenes de no traslado están generando alarma social", valoró rechazando responder directamente a las críticas recibidas desde las administraciones afectadas gobernadas por el PP. "Si quieren defender las órdenes de no aceptar a ancianos procedentes de las residencias en los hospitales que lo hagan, a mí no me corresponde polemizar", sostuvo.

"Son las familias de los fallecidos los que están emprendiendo acciones legales", argumentó para destacar la importancia de lo ocurrido. "Lo que es ilegal se debe perseguir", insistió.

No obstante, al ser preguntado sobre la posibilidad de que desde el ejecutivo se pudieran tomar iniciativas judiciales contra administraciones como la Comunidad de Madrid o Castilla y León donde se han producido situaciones similares, Iglesias se limitó a recordar las medidas ya adoptadas desde su vicepresidencia y la línea de trabajo que se seguirá en el futuro para evitar que se repitan casos similares, alentando un nuevo sistema que se aleje de las privatizaciones, la precariedad de los trabajadores y se fomente la asistencia domiciliaria en línea con las políticas de países nórdicos.

Iglesias destacó que el Gobierno marcó y seguirá marcando directrices para que se elaboren "protocolos sensatos"; que se entregaron 300 millones a las comunidades autónomas para que pudieran contratar a más personal en las residencias; que se incluyó a los trabajadores de las residencias como parte de los servicios esenciales y se determinó que debían ser tratados en igualdad con respecto al personal sanitario en lo que afectaba al reparto de equipos de protección individual. Esto es "lo que podíamos hacer e hicimos", resumió.

Asimismo, recordó que las Comunidades Autónomas han tenido durante la vigencia del estado de alarma las competencias no sólo intactas sobre la gestión de las residencias sino que habían sido reforzadas.

"Está bastante clara la cuestión competencial, el BOE es muy claro", sostuvo. "Las comunidades no sólo tenían las competencias sino que tenían las competencias aumentadas [...] ampliamos las competencias para que pudieran intervenir y vigilar las residencias privadas", recordó Iglesias. "Es evidente quién tenía la competencia y la responsabilidad, en este caso, sobre las residencias", concluyó.

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