El Ministerio del Interior no había pedido aún el salvoconducto a Marruecos para expulsar de España a Yassine Kanjaa, supuesto autor del asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras (Cádiz) por estar en situación irregular, debido a que no le había llegado el turno a su expediente dado el gran número de casos pendientes de ejecutar.
Así lo han confirmado fuentes del ministerio a 'RTVE', que han explicado que estos trámites son "lentos" y que los expedientes se van resolviendo "poco a poco" por orden de llegada.
Por todo ello, Interior todavía no había pedido nada al consulado de Marruecos. Así, han recordado que el pasado año se incoaron un total de 34.949 expedientes de expulsión de extranjeros y sólo se ejecutaron 2.627.
Kanjaa, que residía en España desde 2019, tenía pendiente desde el pasado mes de junio su expulsión al estar en situación irregular. Actualmente se encuentra en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, quien consideró que los ataques de este marroquí de 25 años a 2 iglesias de Algeciras se llevaron a cabo "en nombre del yihadismo".
Ante esas informaciones, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado en su cuenta de Twitter que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "tiene muchas explicaciones que dar" y ha anunciado que su grupo ha pedido que las ofrezca en la Cámara Baja.
Mientras, el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, también ha aprovechado esa misma red social para pedir la dimisión de Marlaska.
Los trámites de expulsión
Para llevar a cabo la expulsión, según la doctrina del Tribunal Supremo, deben darse circunstancias agravantes como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia, desconocer por dónde y cuándo entró en España, entre otras, añadieron las fuentes consultadas.
Aunque mientras se tramita un expediente, se pueden imponer medidas cautelares para garantizar la ejecución de la posible expulsión que se acuerde, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas ante la policía.
Como última opción puede acordarse que la persona ingrese en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.
Fuentes de Interior han admitido recientemente que si bien España es uno de los países europeos con mayor capacidad de retorno, los niveles "están muy lejos de los deseados", e incidieron en las trabas que hay para ejecutar las órdenes de expulsión.
En este sentido, señalaron que aparte de tener acuerdo de readmisión, el país tiene que reconocerlo como nacional suyo y permitir la llegada de esa persona. Y cuando no tiene pasaporte es necesario que el país de origen emita un salvoconducto para poder viajar. "Es aquí donde se forma un embudo", reconocieron desde el ministerio.
Subrayaron además que los niveles de retorno todavía son inferiores a los de antes de la pandemia ya que debido al cierre de fronteras y las restricciones sanitarias las devoluciones se pararon.
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