El juez Calama decreta secreto de sumario en el 'caso Pegasus' y ofrece personarse a Sánchez y Robles

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por la infección de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y les ha ofrecido personarse en la causa como perjudicados, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal en su informe presentado en el juzgado.

En su auto, el magistrado explica que la declaración del secreto tiene por objeto “prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación", pues solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento”.

Calama recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo podrá ser conocido posteriormente, "evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna".

Varios delitos

El auto del juez del pasado día 3 certificaba que se tiene constancia de una intrusión en el terminal de Sánchez el 19 de mayo de 2021 y otro el 31 de ese mismo mes.

Fue pocos días después de la crisis migratoria con Marruecos, producida en las fronteras de Ceuta y Melilla el 17 de mayo.

En su auto, el magistrado explicaba que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado podrían enmarcarse dentro de los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, que se recogen en el Título X del Libro II, referente a los “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”.