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La primera ley estatal de igualdad LGTBI comienza su tramitación en el Congreso

jueves 04 de mayo de 2017, 20:03h
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales ha registrado este jueves una ley estatal en contra la discriminación y en favor de la igualdad LGTBI que ya cuenta con un respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios. La proposición de ley lleva la firma de Unidos Podemos pero ya ha sido apoyada por todos los partidos excepto el PP y el PNV. Entre otras cosas, la norma pretende acabar con discriminaciones como la obligación de aportar un diagnóstico médico para cambiar de género y también contempla endurecer el tratamiento judicial de los casos de LGTBIfobia o prohibir las terapias para revertir la orientación sexual de las personas.
Los partidos políticos acompañan a la Federación Estatal LGTB en el Congreso
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Los partidos políticos acompañan a la Federación Estatal LGTB en el Congreso (Foto: Podemos )

La primera ley estatal sobre la igualdad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales (los colectivos LGTBI) ha comenzado este jueves su tramitación en el Congreso de los Diputados. La Federación Estatal LGTB ha registrado ya una proposición de ley con medidas contra la discriminación y en favor de la igualdad de estos colectivos.

La iniciativa, que surge de los propios colectivos, lleva el sello y la firma de Unidos Podemos pero ya ha sido respaldada y asumida por el PSOE y por el resto de partidos, excepto PP y PNV. Ciudadanos no ha estado presente en el registro, pero ya han anunciado que apoyarán la toma en consideración de esta propuesta para proponer mejoras en el periodo de enmiendas.

"Es una ley para toda la ciudadanía que defiende el derecho a ser a parecer, a mostrarse y a autoidentificarse como cada una y cada uno quiera", ha asegurado el presidente de la federación, Jesús Generelo.

La proposición de ley aboga por crear un marco nacional en el que se blinde el respeto a las diferentes identidades sexuales y de género que desarrolle la prohibición de discriminación y el libre desarrollo de la personalidad recogido en la Constitución. Para ello, recoge medidas en varios ejes, como el laboral, el familiar, el de la salud o el educativo y alude tanto a las competencias del Estado como a las de las comunidades autónomas.

Transexualidad

Entre las principales novedades de la ley estaría todo lo referido al colectivo transexual y transgénero. Así, por ejemplo, la ley establece la obligación de la administración pública de reconocer la "identidad sentida" de todas las personas trangéneros, incluso cuando sean menores.

La norma también quiere acabar con la consideración de la transexualidad como una patología o una enfermedad en el mundo de la salud e incluir el proceso de reasignación sexual en la cartera básica de sanidad pública, incluyendo las operaciones quirúrjicas y el tratamiento hormonal.

Ya existía una ley de 2007 en la que se regulaba el cambio administrativo de género, pero que exigía como requisito previo que hubiera un diagnóstico psquiátrico. La propuesta de la federación pretende acabar con este requisito, de modo que no sea necesario aportar ningún tipo de documentación médica o psicológica.

Por el contrario, la ley quiere prohibir las "terapias que pretendan revertir la orientación sexual o la identidad de género de la persona, aún con el consentimiento de la misma". Es decir, acabar con los supuestos 'tratamientos' para 'curar' la homosexualidad o la transexualidad.

Violencia intragénero y LGTIfobia

La proposición tiene un capítulo dedicado a la violencia intragénero, que es aquella que se produce entre parejas o ex parejas de un mismo sexo. La iniciativa contempla que las víctimas de este tipo de maltrato puedan "acceder a los mismos derechos previstos para las mujeres víctimas de violencia de género" en la ley de violencia de género.

De un modo similar, propone que las mujeres transexuales o transgéneros que sean víctimas de violencia machista pasen a estar contempladas dentro de la Ley de violencia de género, ya que hasta ahora se encontraban en un vacío legal.

Por otra parte, el texto registrado este jueves recoge los derechos y protocolos de actuación de las personas víctimas de delitos de odio "por razón de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia o interfobia (genéricamente conocido como LGTBIfobia). En lo referido a este tipo de violencia, la propuesta incluye la inversión de la carga de prueba, de modo que sea la parte demandada la que tenga que demostrar su inocencia.

En el resto de ejes, destaca por ejemplo la propuesta la de acabar con el requisito que obliga a las parejas lesbianas a estar casadas para inscribir a sus hijos en el registro civil.

En el apartado de la educación, la propuesta contempla un plan integral mediante el cual se introduzcan ejemplos de diversidad sexual y de género en todas las asignaturas del currículum y se forme al profesorado para garantizar "la sensibilización adecuada" en los centros escolares.

La norma también recoge un nuevo protocolo en materia de asilo por razones de diversidad sexual, en el que se elimina el requisito de pedir pruebas de la orientación sexual o de la identidad de género que puedan vulnerar los derechos fundamentales del solicitante.

El registro de la proposición de ley sólo es el primer paso del trámite parlamentario. Antes de que pueda ser votada, la Mesa del Congreso deberá calificarla y llevarla a pleno para que los grupos voten su toma en consideración. A partir de ahí se abrirá el periodo de enmiendas en el que la Federación Estatal LGTB espera que se cambien los menos aspectos posibles del texto antes de ser votada de forma definitiva.


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