La magistrada que redactó el polémico auto del 27-S será la que juzgue a Torra por los lazos amarillos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha puesto fecha para el juicio por desobediencia al president de la Generalitat, Quim Torra, en el caso de los 'lazos amarillos'.

Torra mantuvo en las fachadas de los edificios públicos los símbolos en defensa de los presos independentistas, pese al mandato de la Junta Electoral Central que reclamó retirarlos en periodo de campaña electoral y esta decisión podría enfrentarle a una pena de un año y ocho meses de inhabilitación, atendiendo a la petición de la Fiscalía.

En un auto dado a conocer este lunes, el TSJC ha informado de que el president tendrá que sentarse en el banquillo los días 25 y 26 -días que coincidien con el debate de política general previsto en el Parlament y a una semana del segundo aniversario del referéndum independentista- y que el tribunal contará con la magistrada Mercedes Armas Galve como ponente.

El auto del 27-S

Precisamente la magistrada Armas ya fue noticia en su día por un polemico auto fechado el 27 de septiembre de 2017 en el que anulaba las órdenes del Ministerio Fiscal en relación a las diligencias que debían tomarse para evitar el referéndum del 1-O.

Según declaró el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el auto habría sido redactado a petición suya después de que le advirtiera de los problemas de orden público que podrían acarrear las órdenes de la Fiscalía.

De hecho, el auto del 27-S llegó justo un día después de la primera reunión que habría mantenido la cúpula de la policía autonómica con los responsables del Govern en relación al 1-O y un día después de la segunda cita en la que, según el relato de Trapero en el juicio del Tribunal Supremo, habrían instado al Govern al cumplimiento de la legalidad y alertaron del riesgo de altercados violentos.

En el famoso auto, la magistrada Armas tachó de "burla" del entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a las medidas adoptadas en relación a la preparación del referéndum del 1-O contraviniendo las reiteradas indicaciones al respecto de ella misma como instructora y del Tribunal Constitucional.

Asimismo, instaba a la cooperación de los tres cuerpos policiales -Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil- para evitar la votación, pero con una línea roja: la convivencia ciudadana.

En concreto, Armas instó a cerrar locales o dependencias de edificios públicos donde pudieran llevarse a cabo labores de preparación del referéndum "sin que ello suponga interferir en el normal funcionamiento de dichos locales" e instó a "adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana, además de garantizar que el resto de Administraciones con sede en Cataluña no se vean afectadas por las decisiones o actos de los querellados del Govern, en su claro afán por la celebración de un referéndum, suspendido por decisión del Tribunal Constitucional".