Los letrados del Congreso van a rechazar el requerimiento que formuló el Senado para retirar la ley de amnistía, planteando un conflicto entre órganos constitucionales, y van a pedir a la Cámara Alta que cumpla su obligación constitucional y tramite la proposición legislativa, puesto que no existe cauce para que la Mesa que preside Francina Armengol pueda retirar una ley que ha sido ya tramitada y aprobada en el Pleno.
El pasado 10 de abril, el PP impuso su mayoría absoluta en el Senado para aprobar el planteamiento de un enfrentamiento institucional con la justificación de que el Congreso debería haber tramitado la amnistía como una reforma constitucional y no como una ley orgánica. De esta manera, consideraba que se habían invadido las atribuciones del Senado, ya que tenía que tramitar la ley aunque ésta pudiera ser inconstitucional.
Sin embargo, un borrador del informe de los letrados señala que el Senado no puede, bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, "intentar subvertir las funciones del Congreso". De esta manera, creen que el conflicto supone un "artificio" para no cumplir con su obligación constitucional y "suplantar" a la Cámara Baja.
El documento responde a su vez a la consideración de que la tramitación de la ley es "inconstitucional" y señala que el Congreso ha actuado conforme al reglamento y que ahora es el turno del Senado, conforme a las competencias que le da la Constitución. En este sentido, dice que el Senado no puede asumir "funciones de fiscalización" del funcionamiento de los otros órganos.
La Mesa no puede paralizar una tramitación
Así, subrayan que la Mesa del Congreso no puede de ninguna forma parar una iniciativa que está todavía en tramitación y que de hacer lo que pide el Senado supondría ignorar el derecho de los parlamentarios a ejercer su labor legislativa. "Semejante pretensión, que de nuevo carecería de precedentes, implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara", mantienen.
Por último, en base a sentencias del Tribunal Constitucional, los servicios jurídicos remarcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo "no son objeto idóneo" de un conflicto de atribuciones, y que si el Senado piensa que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la polémica proposición de ley del PSOE, debió haber presentado en ese momento el conflicto, pero ahora ya está "fuera de plazo" porque se han pasado "sobradamente" los 30 días que se establece en la Constitución para recurrir.
Además, indican que la decisión del Congreso no es objeto de un conflicto de atribuciones y que lo que intenta el Senado es un recurso de inconstitucionalidad, algo que no es posible en esta fase de la tramitación, ya que la ley no ha sido aprobada todavía. En todo caso, califican el conflicto planteado como un recurso "encubierto y extemporáneo".
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