El proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que da permiso a comunidades autónomas y ayuntamientos para poder limitar el precio del alquiler, ha recibido este miércoles su aprobación definitiva en el Senado después de un debate que ha estado marcado por la cercanía de las elecciones del 28 de mayo.
La ley de vivienda, que ha esperado más de tres años en ver la luz, ha salido adelante en la cámara alta sin modificaciones en el texto que llegó del Congreso y con los votos a favor del PSOE, ERC, EH Bildu y los partidos de la Izquierda Confederal (134 votos a favor, 117 en contra y una abstención).
En contra han votado, entre otros, el PP, PNV, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN, que han defendido que la nueva norma invade competencias, genera inseguridad jurídica, no va a bajar los precios del alquiler, permite la ocupación ilegal, desincentiva la puesta en arrendamiento de viviendas y pone injerencias en la propiedad privada.
Una ley "sólida jurídicamente"
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha destacado que esta ley "no va contra nadie" y ha ofrecido "colaboración" a promotores inmobiliarios y propietarios privados. "Cerramos un camino que ha sido largo y difícil, de intenso trabajo realizado en diálogo permanente con los representantes de los sectores afectados y con el mundo académico y profesional", ha indicado.
La ministra ha subrayado que esta ley es "sólida jurídicamente" y toma "lo mejor" de las regulaciones que se han puesto en marcha en otros países, mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha mostrado su compromiso para hacerla cumplir "hasta la última coma".
"Gracias a quienes habéis empujado para que la gente de nuestro país cada vez tenga más garantizado su derecho a la vivienda. Ahora toca seguir trabajando para que la ley se cumpla en cada territorio de nuestro país. Se puede", ha puesto Belarra en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha señalado que con estas medidas "la vivienda deja de ser un bien de lujo y se convierte en un derecho". "Política útil para la mayoría", ha mantenido.
Bildu, nuevamente en el debate
El debate de las 6 propuestas de veto y 324 enmiendas parciales, que se ha estirado más de cinco horas, ha estado salpicado de momentos de tensión por referencias, sobre todo por parte del PP, a la inclusión de antiguos presos de ETA que han cumplido condenas por delitos de sangre en las listas de Bildu, uno de los socios parlamentarios con los que el PSOE pactó la ley.
Pedro Rollán, senador del PP, ha dicho que "los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor (en Barcelona), con 21 muertos, cuatro de ellos niños, sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana de Madrid, donde fueron asesinados doce guardias civiles, y sobre los hierros retorcidos de la casa-cuartel de Zaragoza, donde les fue arrebatada la vida a once personas".
Rollán ha mantenido que en los países donde se han aplicado los topes al alquiler se ha reducido la oferta y ha sido un "desastre" y ha pronosticado que con esta ley pasará algo parecido a lo que ocurrió con la del "solo sí es sí", ya que "pretendiendo beneficiar a la emancipación de nuestros jóvenes serán los okupas, Bildu y ERC los que salgan ganando".
La oposición también se ha mostrado contraria a la "tramitación exprés" del texto en esta cámara, donde solo ha habido tres días hábiles para presentar enmiendas, lo que han achacado a los intereses electorales del PSOE. "Es una chapuza legislativa, una ley de cara a la galería, más preocupada por las elecciones, por eso vamos tan deprisa", ha indicado el senador de Junts Josep Lluis Cleries, mientras que Miguel Sánchez, de Cs, ha comentado que esta "no es una ley, sino un anuncio electoral".
Además, tanto Junts como el PNV han expuesto su rechazo a la ley ya que limita las competencias de Cataluña y el País Vasco, a lo que ERC y Bildu han replicado que utilizan ese argumento como "cortina de humo" y como "comodín para no decir que defienden el modelo conservador contra los avances sociales".
Las claves de la ley
Entre distintas medidas, la ley de Vivienda va a imponer nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de 10 a cinco inmuebles en determinados casos y no dejará a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.
En concreto, la norma deja el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.
Si (
No(
