No es la primera vez que el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena se enfrenta a la disyuntiva de tener que decidir entre ejecutar una condena firme o solicitar un suplicatorio a un parlamento para actuar contra un político aforado.
Hace poco más de una década, tal y como ha recuperado la 'Cadena Ser', Marchena fue el ponente de la sentencia del 'caso Atutxa' -que le valió a España una condena del Tribunal de Estrasburgo por otros motivos- y ya entonces se opuso a dejar en manos de una asamblea política la ejecución de una condena firme.
"El suplicatorio para la inculpación, no puede experimentar una artificial metamorfosis que lo convierta en un suplicatorio para la ejecución", argumentó entonces considerando que las prerrogativas parlamentarias han tenido que desplegar su efecto en un momento anterior a la condena.
Inmunidad de Junqueras
Esta postura podría ahora verse replicada en el caso del procés de Cataluña. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó la semana pasada que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, debía haber podido gozar de las prerrogativas previstas para los europarlamentarios -incluida la inmunidad- desde que fueron oficiales los resultados de las elecciones europeas en el mes de junio.
Asimismo, señaló que si los tribunales nacionales aún consideraban imprescindible tal medida cautelar, debían solicitar en el menor tiempo posible un suplicatorio al Parlamento Europeo para que este suspendiera la inmunidad del eurodiputado electo y así poder proseguir la causa judicial en su contra.
De esta manera, el Tribunal Supremo debía haberle permitido salir de prisión preventiva para culminar los procesos de acceso al acta de eurodiputado o bien haberse dirigido a la Eurocámara. Dos situaciones que no se produjeron y que ahora llevan a las partes a presentar alegaciones al respecto para que la sala, presidida por Marchena, tome una decisión al respecto.
La defensa de Junqueras ha reclamado su puesta en libertad y la nulidad de toda la causa por considerarla viciada de inicio.
Por contra, la Fiscalía ha reclamado que Junqueras siga en prisión y abrió la puerta a dirigirse a la Eurocámara, pero no para pedir el suplicatorio sino para comunicar la condena de prisión e inhabilitación que anularía su cargo desde que fue emitida.
La Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo "la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación y la comunicación, a la mayor brevedad posible, al Parlamento Europeo de la situación procesal del citado y que se remita la sentencia dictada contra él, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de europarlamentario".
Por su parte, la Abogacía del Estado aún no se ha pronunciado al respecto, si bien tiene de plazo hasta el próximo 2 de enero para presentar sus conclusiones sobre el alcance de la respuesta del TJUE a la pregunta prejudicial que planteó el Supremo a petición de la defensa de Junqueras sobre el origen de la condición de eurodiputado y de su inmunidad.
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