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Máxima expectación por las nuevas medidas que anuncie Madrid contra la pandemia tras el estado de alarma

Máxima expectación por las nuevas medidas que anuncie Madrid contra la pandemia tras el estado de alarma
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(Foto: Comunidad de Madrid)
viernes 23 de octubre de 2020, 07:50h

Los madrileños se levantan este viernes sin saber qué van a poder hacer mañana. La falta de información concreta sobre las medidas que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se van a dar a conocer este viernes, horas antes de que este sábado, a las 16.47 horas, decaiga el estado de alarma decretado hace 14 días por el Ejecutivo central.

Si bien a lo largo de las últimas jornadas se han conocido “avances” de las posibles restricciones que pueden aplicarse, entre ellas las acordadas en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este jueves en el documento de 'Actuaciones de respuesta coordinada para hacer frente a la pandemia por Covid-19'.

Sanidad y las autonomías aprueban las medidas para controlar la pandemia

Desde que el coronavirus entró en la región madrileña, cuando se supervisaron varios positivos de españoles llegados de China en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, los madrileños -y también los españoles, en general- han vivido una consecución de repertorios de normas que han pasado del confinamiento total a las restricciones de movilidad, pasando por el control de aforos, horarios o regímenes de visitas en algunos casos. Ahora se suman, similares a las fases de desconfinamiento tras el estado de alarma, los cuatro niveles de alerta diseñados por el Ejecutivo central y de los que dependen diferentes medidas de actuación.

En cualquier caso, la cuestión legislativa tanto en el ámbito nacional como en el autonómico ha sido la que ha marcado -en mayor medida- la aplicación de unas normas u otras, al tiempo que ha propiciado disputas políticas entre administraciones de uno u otro nivel. En el caso de la Comunidad de Madrid, una vez finalizado el estado de alarma decretado el pasado el mes de marzo, fue el Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, el encargado de decidir los términos de la que se denominó como 'nueva normalidad', pero la realidad es que la segunda ola de contagios ha sacado del carril el ideario planteado.

Tras la reunión de la Comisión Interterritorial de Salud de este jueves, volvemos de nuevo al lío legislativo. En el seno de esta conferencia, presidida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, todos ellos -a excepción del País Vasco y Madrid- aprobaron el documento propuesto por el Gobierno central, un marco de criterios comunes para la interpretación de los indicadores epidemiológicos y dirigido a garantizar la coordinación suficiente entre territorios, posibilitando que las comunidades tomen las medidas complementarias que consideren oportunas.

En cualquier caso, el portavoz del Partido Popular de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, explicó a los medios de comunicación que se trata de una serie de "recomendaciones" a las que ellos no se han opuesto pero que, en cualquier caso, "será la Comunidad de Madrid la que tenga que tomar las medidas oportunas dentro de ese ambito competencial que tiene", y que son sobre la actividad. Así, se sabe con certeza que a partir de mañana por la tarde los madrileños volverán a enmarcarse en un cuadro de medidas establecidas por la Administración autonómica, particularmente por las diseñadas por el cuerpo técnico de la Consejería de Sanidad, liderada por Enrique Ruiz Escudero.

Consulte el documento íntegro: 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19'

Restricciones por zonas básicas de salud

Si bien el desarrollo de las diferentes reuniones del Grupo Covid y la celebración este jueves de la Conferencia Sectorial de Sanidad entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías establecen unas pautas básicas, a día de hoy los poderes vuelven a recaer, supuestamente, en Ayuso. Así, las ideas que a día de hoy se conocen sobre las nuevas medidas regionales pasan por aplicar, de nuevo, restricciones de movilidad basadas en los datos epidemiológicos de cada una de las zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid.

Estas son, en términos comparativos, como “los códigos postales de la Sanidad” en una ciudad o municipio, y están vigentes en la región desde que entrase en vigor la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de elección en la Sanidad de Madrid, la Comunidad de Madrid se organiza en torno a un Área Sanitaria única. A partir de esta legislación, el Decreto 52/2010, de 29 de julio, estableció en el Área Sanitaria única de la Comunidad como estructura y la Zona Básica de Salud como marco territorial de la Atención Primaria. De esta manera, cada área de salud se organiza en función de criterios geográficos, demográficos, epidemiológicos o socioeconómicos, así como los distintos recursos de cada zona.

Dada esta disposición, la Consejería de Sanidad ha tomado desde mediados de septiembre y hasta el decreto de estado de alarma de hace 15 días por el Gobierno central, dichas zonas como base para llevar a cabo restricciones de movilidad en los últimos meses, un método que en reiteradas ocasiones han señalado como “efectivo”. Por este motivo, y como el miércoles defendió la presidenta regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la idea es que a partir de esta noche las medidas que se apliquen giren en torno a este eje.

El pasado día 9, al mismo tiempo que el Consejo de Ministros firmaba la orden que decretaba el estado de alarma para la Comunidad de Madrid, Escudero comparecía ante los medios de comunicación para explicar el plan que desde su consejería se había diseñado con el objetivo de paliar el elevado número de contagios en la región y presentar una alternativa a la decisión del Gobierno central después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no avalara la transposición de la Orden ministerial que contenía las medidas acordadas en el último Consejo Interterritorial, las cuales fueron votadas en contra por la Comunidad.

Entonces, la visión del Gobierno regional pasaba porque, en los lugares en los que se encuentre el mayor número de contagios, se pudiera “proteger a los ciudadanos, evitar su movilidad, y de esa manera que esa población con mayor transmisividad del virus esté controlada”, en palabras de Escudero. Con este objetivo, se endurecía “el criterio que mantuvimos antes de aplicarlo en las zonas básicas de salud por encima de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días de incidencia acumulada”, pasando a restringir la movilidad en dichas zona con una incidencia acumulada en el mismo número de días a “aquellas que presenten 750 casos positivos por cada 100.000 habitantes”.

De esta manera, las zonas restringidas hubieran pasado a ser 51 áreas sanitarias de 15 municipios de la región, pues con los parámetros nuevos se incorporaban 18 zonas nuevas y se excluirían 13 que estaban anteriormente donde se había registrado una mejoría. Además, en estas zonas básicas se establecería la restricción de entrada y salida en el perímetro del municipio salvo en situaciones concretas, al tiempo que se permitía a los ciudadanos desplazarse por la vía pública dentro de los perímetros municipales. Del mismo modo, y en términos generales, los aforos se reducían hasta un 50 por ciento y se limitaban las franjas horarias de apertura de comercios a las 22.00 horas y hostelería hasta las 23.00 horas.

5 niveles de riesgo y 4 de alerta

(Pinche en la imagen para ampliar)Por otro lado, el documento de medidas del Ministerio de Sanidad, que ha sido aprobado por el Consejo Interterritorial del ramo, recoge una serie de medidas destinadas a la lucha contra la pandemia en las diferentes comunidades autónomas. En este se definen 5 niveles de riesgo y 4 de alerta en relación con la expansión del coronavirus en cada región, de manera que según baremos del Ejecutivo de Pedro Sánchez se establecerían medidas concretas en cada territorio según su situación. "El documento ha sido muy bien valorado por parte de todos los responsables autonómicos y nos abre un camino de respuesta adecuado al nivel de incidencia de la pandemia que tenemos en España. Fija unos criterios comunes y está inspirado en documentos similares que se han hecho por parte de organismos europeos", aseguraba Illa ayer por la tarde en una rueda de prensa.

Tal y como han indicado, el Ejecutivo central sigue las recomendaciones del Consejo Europeo, Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), instituciones que han establecido un umbral de incidencia acumulada en 14 días de 25 casos por 100.000 habitantes para considerar que el riesgo comienza a incrementarse, y un límite superior de 150 para considerar que el riesgo es muy elevado. Según dicta el documento, para España se ha “establecido un umbral adicional, incidencia superior a 250 por 100.000, para señalar situaciones de riesgo extremo en las que se precisen acciones adicionales si las implementadas con incidencias de más de 150 no lograran controlar la transmisión".

Así, se establecen cinco niveles de riesgo respecto a la pandemia: Nueva normalidad, Bajo, Medio, Alto y Extremo, de manera que si los casos confirmados en 14 días por cada 100.000 habitantes están por debajo de 25, el territorio está en situación de Nueva Normalidad; entre 25 y 50, riesgo bajo; entre 50 y 150; riesgo medio; entre 150 y 250, riesgo alto; y por encima de 250, riesgo extremo. Este último caso se considerará asimismo cuando la ocupación de las camas hospitalarias por casos de Covid-19 está por encima del 15 por ciento, mientras que en UCI la situación sería extrema por encima del 25 por ciento.

La decisión sobre qué medidas y cuándo aplicarlas será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación, permitiendo que ambas administraciones lleven a cabo una revisión periódica de la situación paremiológica para valorar, mantener o modificar el nivel de alerta y las medidas aplicadas. Mientras que los niveles de alerta 1, 2 y 3 cuentan con medidas comunes y generales -como garantizar el aislamientos de los positivos y los casos de cuarentena, reforzar la Atención Primaria, fomentar el teletrabajo o aumentar las frecuencias en el transporte público, así como el cierre en todos los casos de las discotecas y los locales de ocio nocturno-, en el caso del nivel 4 supondrá la toma de medidas excepcionales, como la declaración del estado de alarma. Será el presidente de la Comunidad Autónoma quien solicite al Gobierno la declaración de estado de alarma.

Según los niveles de riesgo establecidos por el Gobierno, Madrid estaría en situación extrema frente a la Covid al sobrepasar varios niveles: supera los 250 casos de Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (Madrid tiene una tasa actual de 432,26, según las cifras que maneja el Ejecutivo central); supera los 125 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días (la capital sitúa su tasa en 218,70); acumula una incidencia acumulada de casos de personas con más de 65 años diagnosticados en 14 días superior a 150 (según datos de la Comunidad de Madrid, la tasa actual es de 353,5); sostiene una tasa superior a los 75 casos en personas mayores de 65 años en los últimos 7 días (Madrid está en 176,3); posee una ocupación de pacientes Covid en los hospitales superior al 15 por ciento (la capital tiene el 19,73 por ciento de las camas ocupadas por estos enfermos) y sostiene una ocupación de camas UCI por la Covid superior al 25 por ciento (Madrid se encuentra ahora mismo en 39,25 por ciento).

Así, la ciudad se encontraría en alerta 4, lo cual conllevaría la aplicación de "medidas excepcionales que podrán incluir restricciones adicionales", pudiendo requerir la aplicación del estado de alarma, que debería solicitar la presidenta de la Comunidad. Entre las medidas generales que entrarían en esta alerta 4, figuran las siguientes: reuniones de un máximo de 6 personas y recomendación de permanecer en el domicilio; valoración de limitación de entradas y salidas del área territorial evaluada, salvo para actividades esenciales; acudir al trabajo de manera excepcional para actividades o reuniones precisas; limitación de aforo en velatorios y entierros a un tercio en espacios cerrados con un máximo de 10 personas, y limitación de 20 personas en espacio abierto; lugares de culto sin superar un tercio del aforo; suspensión de visitas a residentes; en hostelería, valorar el cierre de interiores de los establecimientos o, en su defecto, reducir los aforos al máximo posible: en terrazas al 75 por ciento con mesas con 6 personas como máximo. La hora máxima para admitir clientes será las 22.00 horas. Las terrazas deben cerrar a las 23.00 horas; aforo de un tercio de comercios; o, entre otras cuestiones, aforo del 50 por ciento en cines o teatros con distancia de seguridad fijada.

Decreto del toque de queda

Se desconoce si estas serán las restricciones a aplicar, una la duda se suma la idea que esta semana expuso el consejero de Sanidad en un desayuno informativo. Siguiendo la estela de lo que se está llevando a cabo en Francia y en otros países europeos, Escudero señalaba que “no descartaban” pedir al Gobierno central el decreto de un toque de queda nocturno que limitara la movilidad y la presencia de personas en la vía pública a partir de determinadas horas. "El toque de queda lo que permitiría es que en determinadas horas del día establecer que no haya ningún tipo de movilidad. [...] Es una posibilidad que tampoco veríamos mal", dijo el titular de Sanidad.

Sin embargo, y como también señaló Escudero, para su aplicación es necesaria una "cobertura legal que no sostiene la comunidad autónoma" y que, por tanto, tendría que ser "una decisión del Gobierno de España". Y es que, según lo establecido en la legislación española, para el establecimiento de un toque de queda enfocado a prohibir la circulación de personas en determinadas horas, es necesario que este se enmarque en el decreto del estado de alarma o en el decreto del estado de excepción, pues se trata de una medida que no se ampara dentro de la Ley de Medidas de Salud Pública de 1986.

Si bien de tratarse de una medida enfocada únicamente al cierre a una hora determinada del sector comercial y hostelero, la medida podría llevarse a cabo desde la autonomía. En caso de que se solicitara a la población no salir de sus casas a partir de cierta hora, el Gobierno central podría decretar un estado de alarma a nivel nacional -dado que otras comunidades autónomas han deslizado la idea asimismo- o, si el objetivo fuera circunscribirlo únicamente a la región madrileña, llevar a cabo una prórroga del actual incluyendo en la norma el toque de queda. De cualquier forma, debe ser el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el que lo solicite al presidente Pedro Sánchez.

Siguiendo el discurso mantenido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los escenarios planteados en torno a este decreto se antojan complejos a nivel argumental. Por un lado, la mala relación entre el Ejecutivo regional y el central, más desde el “atropello de competencias” que la Administración de Ayuso asegura haber sufrido tras la “imposición” del último estado de alarma, pone más que en duda que los madrileños estén dispuestos a ser sometidos de nuevo a una medida gestionada bajo un paraguas legal de este tipo. Por otra parte, la defensa del equilibrio entre la salud y la economía que defienden desde la Real Casa de Correos, se vería mermada de decretarse un cierre temprano de los establecimientos.

El cualquier caso, la idea de Escudero se encaminaba a prohibir la circulación de personas desde la medianoche hasta las seis de la mañana con el objetivo de acabar con las reuniones y fiestas privadas así como la celebración de 'botellones' en la vía pública, los cuales desde hace semanas se vienen denunciando en la Comunidad de Madrid. Tal y como indicaron la presidenta y el vicepresidente regional este miércoles, tan solo en la capital en las últimas dos semanas se han emitido 2.748 multas por beber en la calle y se han detectado 250 reuniones de más de seis personas en domicilios o locales a altas horas de la madrugada. Asimismo, señalaron que prácticamente uno de cada tres contagios a día de hoy se produce en la franja de entre 15 y 29 años.

A pesar de las cifras dadas, la presidenta rechazó el miércoles la idea de llevar a cabo un hipotético “toque de queda universitario”, respecto al que ha señalado que “estoy por las medidas que no sean restringir las libertades y menos por tramos de edades sin tener ningún dato técnico”. “No sé ni siquiera si legalmente existe una constitución que recoja algo semejante”, ha matizado Ayuso.

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