Moncloa y el Gobierno de Murcia amenazan con llevar a los tribunales el pin parental

Cada uno en un sentido, pero ambos a través de la Justicia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un mes de plazo al Ejecutivo murciano para que retire el denominado pin parental, con la amenaza de llevar a los tribunales la posible negativa del Gobierno autonómico, que a su vez no descarta esta vía en defensa de la medida.

El pasado mes de septiembre, la Consejería de Educacón de Murcia envió instrucciones a los centros escolares para que las "actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias (...) al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".

El Ministerio de Educación decidió el pasado viernes actuar al respecto, enviando un requerimiento al Gobierno murciano para la retirada de las instrucciones, alegando, entre otras cosas, que "suponen una vulneración del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27.1 de la Constitución, de diversos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de los Niños, y supone establecer una suerte de objeción de conciencia no prevista en la Ley". También vulneran normativa estatal básica en materia de Educación, así como "la propia normativa reglamentaria dictada por la Comunidad Autónoma".

El requerimiento de Educación señala que "según la normativa, la toma de decisiones sobre la concreción del currículo y los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual, corresponde exclusivamente a los centros". El Ministerio otorga un mes de plazo al Gobierno murciano, de PP y Cs, apoyado por Vox, para que retire las instrucciones.

Sin embargo, no parece que vaya a ser así, ya que el Ejecutivo murciano defiende la medida. "Es muy normal que los padres puedan participar en la educación de sus hijos. (...) Me voy a encargar de garantizar la libertad de padres y madres de participar en la educación en valores de sus hijos". Son declaraciones del presidente de la Región, Fernando López Miras al ser preguntado al respecto.

López Miras ha llegado a decir que no solo no se paralizarán las instrucciones, sino que ha amenazado con llegar a los tribunales "porque es una medida respaldada por los servicios jurídicos y por la inspección".

El presidente murciano asegura que "la neutralidad ideológica de profesores y maestros de Murcia está fuera de todo duda y nada tenemos que opinar en la información reglada". Según ha dicho, este veto se aplica "a la educación extracurricular, la no reglada que sea realizada por personas ajenas a la comunidad educativa", y ha puesto como ejemplo de estas actividades las charlas sobre tauromaquia.

"Si alguien quiere desarrollar en un colegio una actividad sobre toros, ¿qué problema hay en que los padres lo sepan y decidan si esta actividad hiere su sensibilidad?", se ha preguntado.

Aunque Ciudadanos, su socio de Gobierno, se ha desmarcado de la medida defendida por PP y Vox, López Miras asegura que no teme una crisis en el Ejecutivo y ha mostrado su "plena confianza" en los 'naranjas'. El líder 'popular' ha defendido que "la Consejería de Educación no hubiera puesto en marcha una medida si no está avalada por todos los informes preceptivos de los servicios jurídicos y de la inspección".