La ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado que el Gobierno ya está trabajando en una ley para limitar la colaboración público-privada en la sanidad. Una legislación que, espera, salga adelante a principios de 2026.
Así lo ha confirmado en una entrevista a 'El País' que se ha publicado este domingo.
La ministra ha remarcado que no se prohibirá, pero que se "acotará" para que casos como el del Hospital de Torrejón no puedan ocurrir. Además, ha adelantado que en este caso en concreto, su ministerio y Más Madrid van a denunciar el asunto en la Fiscalía por "un delito de lesiones contra los pacientes".
Derogar la ley del 97
García ha anticipado que la nueva normativa "va a derogar la ley del 97" y se centrará en implementar nuevas formas de gestión del sistema sanitario, pero limitando la colaboración con las empresas privadas.
"El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", ha recriminado, destacando que la nueva legislación "pone coto al ánimo de lucro" y "blinda" la sanidad pública.
Ha asegurado que la protegerá "frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad. O sea, no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro".
"Detrás del paciente va un flujo de dinero"
La ministra ha denunciado las prácticas que conlleva este tipo de gestión en detrimento de la pública.
Ha recordado los miles de pacientes que algunos hospitales pierden cada año y cómo van a parar a los hospitales privados o públicos de gestión privada. Se ha centrado en los datos de la Comunidad de Madrid, región donde este modelo está ampliamente extendido.
"Detrás del paciente va un flujo de dinero", ha aseverado, poniendo cifras sobre la mesa: "De los 3.000 millones que se transfirieron para la covid en 2020 en la Comunidad de Madrid, 1.300 fueron a parar a pagar la deuda de Quirón. Esto es una maquinaria que lleva utilizándose en Madrid desde hace mucho tiempo. Por eso, la señora Ayuso quiere cerrar este tema con Quirón y con los audios", ha reprochado.
Sobre cómo pasan los pacientes de la pública a la privada o a centros públicos de gestión privada, ha explicado que (en Madrid) se consigue con un sistema "sencillo" de ejecución "sofisticada".
Ante las amplias listas de espera, García ha explicado que muchos pacientes reciben llamadas que, amparándose en el derecho de la libre elección, les ofrecen ir a este tipo de hospitales.
Real Decreto de listas de espera
Además de la derogación de la ley del 97, García ha anticipado que van a ejecutar un Real Decreto sobre listas de espera para poder seguir bien toda la trazabilidad.
"Quiero saber desde que un paciente va a su médico de atención primaria y le dice: tengo esta enfermedad, desde ese momento hasta que le ve el especialista, se le hace la prueba, le vuelve a ver el especialista y se le manda al quirófano y se opera. Toda esa trazabilidad es la que yo necesito saber, yo y cualquiera, porque ahora mismo las listas de espera son cajas negras y en el caso de la quirúrgica es una caja negra que pasa antes por un servicio de admisión que no es directo desde el cirujano hasta la lista de espera", ha detallado.
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